Esta cantidad representa el 75% de lo que pedían los fondos en todas las causas judiciales, entre el principal, los intereses y los «gastos», según ha anunciado el mediador, David Pollack, que ha incidido en que se trata de «un principio de acuerdo» porque está sujeto a la aprobación del Congreso argentino y a la derogación de las leyes ‘cerrojo’ y de ‘pago soberano’. Después, Argentina acudirá a los mercados internacionales en busca de financiación para estos pagos sin que estos cuatro ‘holdouts’ puedan interferir.

«Las partes han acordado tomar las medidas necesarias para cooperar conmigo y entre sí para consumar el principio de acuerdo y concluir el litigio. Las partes esperan que todos los pasos necesarios se puedan dar en un período de seis semanas», ha apuntado.

Pollack ha destacado la decisión del Gobierno de Mauricio Macri de «cambiar el curso negativo de Argentina en este litigio». En concreto, ha valorado la «buena voluntad» y la «inteligencia» con la que el nuevo secretario de Hacienda, Luis Caputo, ha llevado las negociaciones. Este principio de acuerdo, sumado a los alcanzados en las últimas semanas con otros bonistas, resolvería el 85% de las reclamaciones de los fondos buitre. «Es un gran paso adelante en este litigio de larga duración, pero no el paso final», ha subrayado.

El nuevo presidente argentino ya avanzó en enero que pretendía alcanzar «un acuerdo razonable» con los fondos de inversión para «cerrar el tema» del impago de la deuda y poder volver a los mercados internacionales.

El país suramericano incurrió en 2002 en una cesación de pagos de unos 100.000 millones de dólares, deuda que se reestructuró en su mayor parte pagando menos de 30 centavos por cada dólar a los acreedores en 2005 y 2010.

Una minoría de bonistas, a los que el ‘kirchnerismo’ denominó fondos buitre, optaron por demandar a Argentina en tribunales de Estados Unidos, donde obtuvieron un fallo favorable en su reclamo del pago total de la deuda.

Obviando este fallo, Argentina depositó en 2014 el dinero necesario para pagar a los bonistas de las reestructuraciones, pero el juez Thomas Griesa bloqueó esos fondos para dar prioridad a los ‘holdouts’, lo que provocó que el país entrara en suspensión de pagos el 30 de julio de ese año.