Apuntan que podrán hacer estas observaciones en el juicio, pero que en cualquier caso estaban «en condiciones de pedir asesoramiento» y conocían las obligaciones y retribuciones asignadas como consejeros, entre ellas las dietas y el reintegro de los gastos derivados de su función.

La Audiencia Nacional ha confirmado que nueve de los antiguos consejeros y directivos de Caja Madrid irán a juicio por cargar gastos personales a sus tarjetas ‘black’ y ha subrayado que quien «elige permanecer pasivo» sin requerir más información es también responsable de los delitos que se pudieron cometer.

Así lo ha reflejado la Sección Tercera de la Sala de lo Penal en sendos autos en los que desestima los recursos de nueve procesados contra la transformación de las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, y les reprocha que no desempeñaran las funciones de supervisión que les correspondían como miembros del consejo de administración, máxime cuando se trata de sus propias retribuciones.

En concreto, ha rechazado los recursos del expresidente de CEIM Arturo Fernández (37.326); los consejeros propuestos por el PP José María Buenaventura (62.932), Cándido Cerón (79.248), Alberto Recarte (139.878) y Jorge Gómez Moreno (98.182); el propuesto por el PSOE José María de la Riva (208.979) y el de IU Rubén Tomás Cruz (233.763), así como los representantes de CC.OO. Rodolfo Benito (140.521); y Juan José Azcona (99.270).

«El exceso al usar la tarjeta es perseguible dado que le podría ser exigida otra conducta», señalan en referencia a Fernández, que dimitió el pasado 11 de febrero de la presidencia de la Cámara de Comercio de Madrid después de que el juez Fernando Andreu abriera juicio oral contra él y otros 65 exrepresentantes de la caja de ahorros.

«Es responsable por omisión si no ejerce las facultades de control que le corresponden sobre el subordinado y su actividad», prosiguen los jueces, para defender que no se han vulnerado los derechos fundamentales de los recurrentes.

La Sala subraya que muchos de los recurrentes no han determinado cuál era la finalidad que albergaba la caja al entregarles las ‘visas’, por lo que sus declaraciones «no han superado la oscuridad» y el «patrimonio incriminatorio no se ha desvirtuado».

En otro de los recursos, la Sección Tercera recalca que las tarjetas no eran transparentes ya que «se registraban en una cuenta que no guardaba relación con su objeto» y, además, el gasto efectuado no tenía reflejo en la nómina de los consejeros ni en su certificado de retenciones.

También destaca que la legalidad de los plásticos no puede quedar amparada por los distintos acuerdos de los consejeros de administración de Caja Madrid sobre las dietas ya que se trataba de «otro tipo de remuneración» diferente a la de gastos de representación.