Los rumores sobre el cese del presidente de Abengoa, José Domínguez Abascal, se han hecho realidad. La compañía tecnológica vuelve a cambiar de gestor, cuatro meses después del nombramiento del que ahora ha sido sustituido por Antonio Fornieles, actualmente vicepresidente del grupo. Joaquín Fernández de Piérola Marín, director general en la actualidad, será el consejero delegado de Abengoa.

Que el objetivo es eliminar obstáculos para alcanzar un pacto con los acreedores que permita salvar el concurso es el argumento expuesto por el grupo, y así se entiende entre los inversores. En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se señala que con los cambios en la cúpula se intenta «facilitar un acuerdo de reestructuración con los acreedores» y «potenciar la independencia del que hoy es su principal accionista, Inversión Corporativa IC», sociedad controlada por la familia Benjumea.

Y este último punto es interpretado de forma divergente. Si bien Abengoa ha informado, asimismo, que ha rescindido el contrato de asesoramiento con Felipe Benjumea desde el pasado septiembre, fuentes consultadas señalan que éste no pierde poder, ya que Fornieles es una persona de su confianza y Domínguez permanece como consejero.

El nuevo presidente ha desarrollado su carrera profesional en KPMG -asesor de los bancos en el proceso de reestructuración del grupo de ingeniería- desde 1994, ocupando posteriormente la dirección de la división de auditoría en España a nivel mundial. Entró en la compañía en enero de 2015.

El cambio en la dirección y la pérdida de poder de Benjumea -como es interpretada por casi todas las fuentes-, de forma directa e indirecta, podría mejorar la atmósfera para acelerar las negociaciones con los acreedores, también con los bonistas, cuando queda menos de cuatro semanas para que se cumpla el plazo legal para superar el preconcurso de acreedores. Lo que en caso contrario le llevaría a entrar en concurso (la antigua suspensión de pagos), que sería el mayor de la historia empresarial española, con un pasivo de más de 22.000 millones de euros.