Más de 220 clientes de Banco Privado de Andorra (BPA) han presentado una demanda para recuperar 366 millones de euros que perdieron en la intervención de la entidad, hace ahora un año, y reclamar la responsabilidad de la Administración andorrana en el proceso, ya que entienden que actuó «de forma precipitada y dando palos de ciego», según el presidente del bufete Cremades & Calvo Sotelo, Javier Cremades. A la demanda se sumarán clientes del Banco Madrid, controlado por BPA y actualmente en concurso de acreedores un año después de la intervención.

La plataforma de afectados por la intervención de BPA y de Banco Madrid estudia ampliar la demanda al Tesoro de EEUU, que fue quien acusó al banco andorrano de blanqueo de capitales. También, al Gobierno español, al Banco de España y a la CNMV, por sus actuaciones en Banco Madrid.

Los accionistas mayoritarios de BPA, Higini y Ramón Cierco, ya han demandado al FinCen, la agencia dependiente del Tesoro estadounidense que lanzó la alarma sobre la entidad andorrana por blanqueo, y al propio Tesoro.

Las abogadas que defienden a los clientes de BPA, como Marta Martínez, insisten en que la entidad cumplía con todos los requisitos legales, tanto andorranos como europeos, antes de que la FinCen,  lanzara una alarma por posible blanqueo de capitales, lo que provocó la intervención. En aquel momento, BPA tenía 29.000 clientes. «La nota del 15 de marzo de 2015 de la FinCen nunca tenía que haber llegado»,señala la abogada Anna Soler, que recuerda que la FinCen retiró a finales de febrero la investigación y el aviso que emitió sobre presunto blanqueo de capitales en BPA. «La nota no se hubiera retirado si el blanqueo fuera generalizado», subraya.

Como en Andorra no había normativa de intervención bancaria, para actuar sobre BPA hubo que improvisarla.

La intervención de BPA llevó aparejada la de Banco Madrid, actualmente en concurso de liquidación y a la espera de pagar a los acreedores. «Va a ser un proceso largo», afirma Cremades. Hay una investigación por blanqueo de capitales en la Audiencia Nacional cuyo juicio no se espera para antes de 2017.

«Denunciamos que el agujero negro lo ha creado el regulador y que se ha intentado eludir la responsabilidad de haber hecho una intervención no justificada», insiste Cremades. La Plataforma tiene la intención de «ir hasta el final» para que los afectados puedan recuperar su dinero de sus depósitos.