La Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) investiga si el Ayuntamiento de Girona fraccionó contratos de servicios para que el importe no llegara a 18.000 euros y así no tener que convocar concurso público, han informado a Europa Press fuentes cercanas.

La investigación parte de dos denuncias, presentadas por separado: una sobre la adjudicación de una aplicación móvil para promocionar el turismo en la ciudad y otra por la externalización de las auditorías municipales, según ha publicado la Cadena Ser.

La OAC quiere saber si la fragmentación de contratos era algo habitual para no convocar concurso público y poder adjudicar un servicio a la empresa que el Ayuntamiento decidiera.

En total se han solicitado al Ayuntamiento las certificaciones de todos los contratos públicos desde 2011 hasta 2015, durante la alcaldía del actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El ayuntamiento, tranquilo

En declaraciones a Europa Press, la concejal de Hacienda, Maria Àngels Planas, ha mostrado su «sorpresa» por la cantidad de contratos solicitados.

Planas interpreta como una coincidencia que las certificaciones de los contratos requeridos se correspondan con los años de mandato de Puigdemont y ha insistido en que la OAC les ha pedido la información de contratos de servicios y no de obras.

Ha añadido que están tranquilos porque es habitual que se requiera a los ayuntamientos datos sobre contrataciones, aunque ha reconocido que «nunca habían pedido tantas certificaciones» al consistorio.