El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y una veintena de responsables de la entidad, por la concesión de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. La denuncia apunta a que los dirigentes de la caja permitieron «el falseamiento y ocultación de cuentas» mediante la práctica de inflar estos créditos y concederlos sin garantías reales de devolución.

El magistrado, que ha actuado en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción, ha ordenado tomar declaración como imputados al propio Blesa, el responsable de la Dirección General Financiera y de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj, el gerente de Riesgos Ramón Martínez Vilchez y el director general de Tasaciones Madrid SA Ignacio de Navasqués por la comisión de delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita.

Aunque la sucesora societaria de Caja Madrid es la Fundación Monte Madrid, que heredó sus órganos de Gobierno, el juez requiere a Bankia que le certifique quienes integraban entre 2003 y 2009 el consejo de administración de la entidad, la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Control, la Dirección General Financiera y de Medios y la Gerencia de Riesgos.

La querella, presentada por dos socios de la caja –Santiago Barroso Gamella e Isabel Menéndez– reproduce las conductas desarrolladas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo que los querellantes califican de «práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido».

Apunta a que la tasadora de inmuebles Tasaciones Madrid, valoraba las casa por encima de su precio para cubrir la práctica de conceder hipotecas por encima del cien por cien de su valor. Indica también que se concedían estos créditos a personas extranjeras con permisos temporales de residencia o contratos de sólo uno o dos años de antigüedad.

En opinión del magistrado, estos factores derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explicaron la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, «la acumulación de pérdidas para la entidad».

La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la admisión de la querella argumentando, entre otras razones, que esa práctica de sobrevalorar las tasaciones «fue generalizada» y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.

El Ministerio Público también recurrió la decisión del magistrado de reclamar al Banco de España un informe emitido en 2009 en el que el organismo supervisor advertía de los riesgos de ésta política de «scoring»  o sistema de evaluación ante las solicitudes de préstamos . La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional avaló, no obstante, la incorporación de este estudio.

Este informe hace hincapié en la «agresiva» política comercial desempeñada por la entidad entre 2005 y 2007, y en la ausencia de unas «claras» directrices sobre la medición de riesgos para conceder hipotecas. De hecho, señala que «en muchos casos» las operaciones analizadas estaban mal concedidas desde su inicio, ya que los clientes  no contaban con ingresos regulares o tenía elevadas deudas o el importe de los préstamos equivalía al valor del activo.

El juez argumenta que esas conductas deben investigarse y dice que, de tener relevancia penal, encajarían en delitos que son competencia de la Audiencia Nacional, en tanto que esos hechos habrían ocasionado una grave repercusión en la economía nacional, al haber afectado a miles de clientes y haber producido pérdidas millonarias a la entidad.

Añade que «el hecho de que la sobrevaloración de las tasaciones pudiera haber sido en España y otros países una práctica generalizada en el período anterior al estallido de la crisis de 2008 y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, no puede sin embargo justificar cualquier práctica».

En relación con las pérdidas de la entidad el juez recuerda la posición destacada de Bankia en el mercado financiero español, que llegó a tener millones de clientes y un negocio crediticio de 186.000 millones de euros, así como el impacto que ha originado en el sistema económico español su situación financiera, » y los miles de millones de caudales públicos que han debido de ser inyectados en la misma para sanearla».

Para iniciar la investigación el juez requiere a Bankia numerosa documentación, entre otras los documentos sobre su política de «scoring» así como informes de tasaciones realizados por Tasa Madrid.