Los inspectores del Banco de España, Antonio Busquets y Víctor Sánchez Nogueras, que actuaron como peritos del juez Fernando Andreu, han  enviado sendos escritos a la Audiencia Nacional en los que se reafirman en que tanto las cuentas de BFA y de Bankia como la salida a Bolsa de ésta fueron «fraudulentas».

En diciembre de 2014 los dos expertos informaron al juez Andreu de que las cuentas anuales que Bankia aprobó a principios de 2012, bajo la presidencia de Rodrigo Rato, «no expresaban la imagen fiel» del banco, que posteriormente fue nacionalizado.

«Ratificamos las conclusiones de nuestros informes de 4 de diciembre de 2014. Reiteramos que todos los estados financieros de BFA y Bankia desde su constitución hasta la reformulación, incumplían la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de su situación económico financiera de dichas entidades. Ratificamos nuestra conclusión sobre la salida a Bolsa de Bankia, que consideramos fraudulenta», afirman.

El argumento central sigue siendo que Bankia no contaba con provisiones genéricas para afrontar los saneamientos necesarios antes de su salida a Bolsa.

Los dos inspectores que el Banco de España puso a disposición del juez del caso Bankia mantienen que el folleto de la salida a Bolsa informaba de la existencia de unas provisiones de insolvencias para los créditos de 6.913 millones, que consideran «falsas al no aparecer en los estados financieros de dicho folleto, los de 31 de marzo de 2011». «Esta información se utilizó por Bankia, sus administradores y directivos, como argumento comercial, para transmitir a los potenciales compradores de las acciones una falsa idea de la seguridad de su inversión«, insisten

Y detallan una serie de ajustes tantos en la matriz BFA como en Bankia que incumplían la normativa contable y excedían el límite de «materialidad o importancia relativa de las cuenta consolidadas». Además, subrayan que las provisiones por insolvencias de las siete cajas de ahorros fundadoras de lo que luego fue Bankia se consumieron en la creación del Sistema Institucional de Protección (SIP).

Este contrainforme, que proporciona duros varapalos a las contrapericiales de las partes (especialmente a la de Leandro Cañibano, contratado por Bankia, y a la emitida por el Frob, principal accionista de la entidad), era el elemento que reclamaba el juez Andreu para poder cerrar el caso Bankia. Al reafirmarse los peritos judiciales en sus conclusiones,  el juez previsiblemente dictará apertura de  juicio oral.

Informes sin rigor técnico

El informe del Frob no tuvo el «rigor técnico exigible en este ámbito penal» y algunas de sus conclusiones son «sorprendentes y arriesgadas», afirman los inspectores del Banco de España en sus escritos definitivos al juez. Y reprochan que el principal accionista de Bankia (dirigido por el Ministerio de Economía) no haya aportado un documento acreditativo de los libros de inventario y libros diarios legalizados de Bankia sobre la existencia de provisiones por riesgo de crédito.

Sobre el informe de Leandro Cañibano, contratado por Bankia, los peritos judiciales rechazan la acusación de subjetividad y llegan a expresar que les resulta «particularmente molesta». «La manifestación del profesor Cañibano no se ajusta a la verdad», añaden. «Lo que no admitimos, de ningún modo, es la acusación de subjetividad o la existencia de prejuicios en el cumplimiento de nuestra labor«, concluyen.