En rueda de prensa este miércoles con las tenientes de alcalde Laia Ortiz y Janet Sanz, ha detallado que estudian sancionar a las compañías si cortan suministros sin respetar el principio de precaución y si no disponen del informe de exclusión que prevé la Ley de emergencia habitacional y pobreza energética, que el Parlament aprobó en julio tras una ILP de Alianza contra la Pobreza Energética, Desc y PAH. Ha concretado que esta ley contempla sanciones de 7.000 a 10.000 euros según la gravedad y reiteración de la infracción, y que los servicios jurídicos estudian cómo implementarlas.

Ortiz ha dicho que podrían tener la instrucción en un mes o mes y medio, y ha advertido: «A menos que en los próximos días cambien de actitud, que esperamos que pase, pasaremos a la aplicación de la ley».

Ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento no es sancionar, sino acordar protocolos y convenios con las compañías: lo intentan hace meses pero «desgraciadamente, en todo este tiempo no se ha podido avanzar en corresponsabilización y garantía de evitar los cortes».

Según Colau, «Endesa y Gas Natural no han querido avanzar en la firma de un convenio o protocolo y de momento, la única ley que están cumpliendo es la del mínimo esfuerzo». Colau ha insistido en que la Generalitat mejore la implementación de esta ley y que ambas administraciones se coordinen al máximo: «Lo mejor que se puede hacer es ir de la mano».

Colau ha advertido también de que la legislación prevé que las infracciones graves reiteradas pueden «llevar a que la administración deje de trabajar con algunas compañías», y Ortiz ha añadido que los incumplimientos graves implican penalizaciones y la exclusión de la contratación pública.

Según la alcaldesa, la pobreza energética impacta en la salud, las relaciones intrafamiliares y el futuro de las familias, por las deudas que genera, ya que suponen una «probable condena a la exclusión». Además, ha vinculado la situación a la privatización del sector, alegando que ha generado un oligopolio que logra grandes beneficios mientras sube sus precios un 60% en la electricidad y un 66% en el agua en los últimos cinco años.