Llevamos muchos meses –desde el pasado otoño- con un Gobierno en funciones. Ello implica que el ejecutivo está maniatado a la hora de tomar ciertas decisiones pero ello no limita su capacidad para afrontar los temas urgentes y algunos son de gran calado político. A Rajoy no le tiembla el pulso en tomar decisiones aunque tenga la oposición de la mayoría de la Cámara.

Con una peculiar interpretación de la Constitución el Gobierno se niega a ser controlado por el Parlamento aduciendo que el Congreso no les ha otorgado su confianza y con este argumento eluden las comparecencias a las que son requeridos. La Cámara, como es lógico, ha recurrido al Tribunal Constitucional para que dirima este conflicto, pero ya se sabe, la justicia es lenta y los mal pensados sospechan que los magistrados no se pronunciarán hasta que se haya resuelto el conflicto con la formación de un nuevo gobierno.

Pero todo apunta que la presidencia en funciones de Mariano Rajoy va para largo, no parece que la investidura sea posible por ahora y no está claro que unas nuevas elecciones den un resultado muy diferente al actual, con lo que la situación puede eternizarse y de alguna manera los populares no sólo mantienen la poltrona si no que van aplicando su política aunque el presidente del Gobierno no pueda nombrar o cesar a un ministro…

La actual situación demuestra dos cosas: que los que sacralizan la actual Constitución pueden ver que su articulado es manifiestamente mejorable  y crea vacios legales que son urgentes de solventar  y que de hecho vivimos en una situación que la división de poderes ha saltado por los aires ante la negativa del Gobierno de someterse a ningún tipo de control lo que puede calificarse como una “dictadura en funciones”.