Pese a acumular importantes volúmenes de deuda, las entidades españolas han mantenido una política financiera prudente: el 60% de los vencimientos se producirán a partir de 2013, por lo que en circunstancias normales, no existiría problema para poder refinanciarla. Es una de las principales conclusiones del informe La interrelación entre financiación de la banca española y el riesgo soberano, del Centro del Sector Financiero de PwC e IE Business School. El estudio analiza los problemas de refinanciación de las entidades y su relación con el riesgo soberano.

Hasta 2008, España vivió un incremento sin precedentes del crédito que generó fuertes necesidades de financiación de las entidades en mercados mayoristas. Nuestro país tiene el mayor porcentaje de deuda “senior” bancaria, con respecto al PIB de toda la zona Euro: un 54%, por encima del 50% de Bélgica o del 44% de Holanda. Grecia sólo tiene un 31%, Portugal, un 30%. En un contexto de crisis financiera, esa mayor dependencia de dichos mercados ha generado problemas de disponibilidad y precio de dicha financiación.

Según el estudio, los diferentes episodios de riesgo soberano de algunos países europeos han truncado el proceso de normalización de los mercados mayoristas, ya que existe una correlación entre riesgo soberano y el riesgo de las emisiones de las entidades bancarias. Si el riesgo soberano empeora, encarece y dificulta la financiación de las entidades, pero, al mismo tiempo, las dudas sobre la solvencia del sistema empeoran el riesgo soberano. Una especie de pescadilla que se muerde la cola.

En España, el riesgo de deuda soberana se ha incrementado en los dos últimos años. ¿Cómo refinanciar la deuda del sistema bancario en un contexto como el actual? Según los autores del estudio, a medio plazo se conseguiría solucionar reduciendo las necesidades de las entidades (incremento de depósitos o descenso en el crédito a familias y empresas). A corto plazo, las entidades procuran refinanciar la deuda al mayor precio posible, o, en última instancia, acudiendo al BCE, aunque esta última medida merma la credibilidad y confianza de las entidades.