El recorte, establecido por el Gobierno el pasado 20 de mayo a través del ‘decreto ley de medidas extraordinarias de reducción del déficit’, es inconstitucional. Al menos así lo cree la Audiencia Nacional (AN), que ha presentado hoy un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) para que estudie el ‘tijeretazo’ que afecta a los sueldos de 1.700 empleados públicos de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.