La Administración General del Estado (AGE) ha perdido más de 23.000 puestos de trabajo entre enero de 2011 y enero de 2015. Así lo asegura un estudio de Comisiones Obreras (CCOO) que destaca además que el mayor volumen de puestos de trabajo destruidos se ha dado entre el personal funcionario, con 13.440 empleos menos, según los datos que maneja el sindicato procedentes del Boletín Estadístico del Registro Central de Personal correspondiente a enero de 2015 .

Según este boletín, en enero de 2015, se registran unos 205.000 empleados públicos que prestan sus servicios en la AGE, entendiendo como tales aquellos que están amparados por el Estatuto Básico del Empleado Público, que no incluye a policías, fuerzas armadas, ni personal de Justicia; de los cuales unos 145.000 son funcionarios, mientras que otros 55.000 son personal laboral.

No obstante, en términos relativos, la destrucción de empleo ha sido más significativa en el ámbito del personal laboral que en el del personal funcionario. En el periodo 2011 a 2015 se han suprimido más de 15 puestos de trabajo por cada 100 de personal laboral. En lo que respecta al personal funcionario esta pérdida fue de algo más de 8 por cada 100, añaden.

El ministerio de Defensa, con un 20% de efectivos perdidos en dos años, es el ámbito que ha destruido más empleo, y su pérdida de personal supone casi una cuarta parte del volumen total de empleo perdido en la Administración del Estado .

Le siguen, el ministerio de Fomento, con una disminución de casi el 18% de su personal o el ministerio de Empleo que pierde algo menos del 7% de sus efectivos destruidos.

En el otro extremo, el ministerio del Interior es el departamento que han experimentado una menor pérdida de efectivos, que pierde únicamente el 3,45% de sus efectivos respecto de 2011 .

Mayor pérdida relativa

Durante esta última legislatura se ha producido una importante destrucción de empleo público en el conjunto de las Administraciones Públicas; se han perdido cerca de 140.000 puestos de trabajo .

El mayor volumen de esa destrucción de empleo, en términos absolutos, se ha producido en las Administraciones de las comunidades autónomas y, sobre todo, en las Administraciones locales.

Sin embargo, cuando la comparativa se efectúa en términos relativos, la Administración del Estado se sitúa en segundo lugar respecto a la destrucción de empleo, en cifras muy similares a la Administración local, algo más del 10% en relación al volumen existente en enero de 2011.

El ajuste más duro en las entidades locales se produjo entre los años 2011 y 2013, llegando a una pérdida de empleo superior al 15%, iniciándose a partir de ese momento una cierta recuperación.

En el ámbito de las Administraciones autonómicas el recorte de empleo ha sido mucho más ligero y se aprecia una tendencia a estabilizarse en cifras del 4%.

Por el contrario, en el ámbito de la Administración del Estado este ajuste continúa produciéndose alcanzando su punto más alto de destrucción de empleo, por el momento, en enero de 2015.

No incluye policía ni docentes

El estudio recuerda que al referirse a la Administración General del Estado (AGE), se habla del personal que se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público, con excepción del personal docente y sanitario, y otro personal de la Administración Pública estatal como son las fuerzas y cuerpos de seguridad, las fuerzas armadas, la Administración de Justicia o las entidades públicas empresariales y organismos con regulación específica .

El personal al que se dedica este estudio —el que trabaja en los diferentes ministerios así como en los organismos autónomos, agencias estatales y entidades gestoras vinculados o dependientes de ellos— supone un 8% del conjunto de empleados públicos.

En lo que se refiere a la distribución territorial del personal de la Administración General del Estado, del total de efectivos que en enero de 2015 trabajaban en este ámbito, es en Madrid donde se concentra el mayor volumen. Más del 35% de estos efectivos lo hacen en esta comunidad —73.501 personas—, seguido de Andalucía con algo más del 13% del total.

En el otro extremo, el menor volumen de personal radica en las comunidades autónomas de Navarra y Rioja, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde poco más de 1.000 personas trabajan para la Administración del Estado.