El grupo español espera cerrar un acuerdo amistoso con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) sobre las reclamaciones de 3.000 millones de dólares (unos 2.690 millones de euros) que tienen formuladas por los sobrecostes del Canal para evitar así años de litigios.

El consorcio que lidera la constructora española cifra el coste del proyecto que se inaugura el próximo mes en 5.581 millones de dólares, importe muy superior al de 3.192 millones al que se adjudicó la obra en julio de 2009. La diferencia entre ambos importes constituye el monto que Sacyr y sus socios en el consorcio reclaman a Panamá como sobrecostes.

Según lo establecido en el contrato, el reconocimiento, y por lo tanto, el pago de estos sobrecostes, es un asunto que deben dirimir, tres instancias sucesivas, la última de ellas el Tribunal de Arbitraje internacional. «Este proceso de reclamación es muy largo para todos, con lo que, lo razonable es que en un determinado tiempo, se llegue a un punto de acuerdo», apuntó el presidente de Sacyr, Manuel Manrique.

La voluntad del consorcio es comenzar a trabajar con la ACP sobre este acuerdo una vez la ampliación del Canal se inaugure el próximo 26 de junio, «cuando los barcos empiecen a pasar y el proyecto sea un éxito». La constructora está abierta a distintos tipos de acuerdo. Así, contempla desde lograr un pacto integral sobre todas las reclamaciones hasta uno «mixto» sobre parte de ellas o que contemple otros supuestos. En este punto, Manrique ligó el posible acuerdo a la posibilidad de extender el periodo inicial de tres años en el que Sacyr se encargará de mantener el nuevo Canal de Panamá una vez lo entregue al país el próximo 31 de mayo.

Sacyr, que controla el consorcio contratista de la ampliación del Canal, confía en que se le reconozcan al menos la mitad de las reclamaciones planteadas. De esta forma, la compañía podrá revertir los 500 millones de euros que tiene provisionados por la obra y evitar así que este emblemático proyecto le cueste dinero.