El expresidente de la Junta de Andalucía Manuel Chaves ha defendido este lunes que durante los casi veinte años que estuvo al frente del Gobierno andaluz «nunca» se produjo «alerta o aviso» dentro de la administración sobre ningún tipo de «deficiencia o irregularidad» en la gestión de las ayudas a la formación.
Así lo ha dicho el exdirigente andaluz socialista en la intervención inicial de su comparecencia ante la comisión de investigación sobre las ayudas a los cursos de formación, cuando ha señalado que tampoco dio «nunca» «recomendaciones o instrucciones» para que se alterasen los principios relativos a una gestión y ejecución legal de las ayudas.
De la misma forma, ha defendido que, «respetando el criterio» de quien pueda pensar otra cosa, «nunca», a lo largo de su ejercicio como presidente andaluz firmó «ninguna decisión ilegal». Todas las decisiones que se adoptaron en el Consejo de Gobierno fueron legales, con los trámites y requisitos exigidos por la ley», ha incidido.
«Creo recordar que en mi mandato no se produjo ninguna alerta dentro de la administración, creo que ni si quiera fuera, sobre cualquier deficiencia o irregularidad», ha recalcado el también exvicepresidente del Gobierno central hoy jubilado.
«La más estricta legalidad»
Antes de que los portavoces de los partidos políticos comenzasen a formular sus preguntas, Chaves se ha mostrado «convencido» de que la administración laboral de la Junta que gestionó y ejecutó las políticas activas de empleo y la formación profesional lo hizo en el marco de «la más estricta legalidad».
En ese sentido, ha aclarado que se refería «no solo a los funcionarios de la administración laboral de la Junta» sino también «a todos los cargos directivos, cualquiera que fuera su nivel», de las estructuras y organismos que gestionaban la formación profesional.
Además, ha advertido de que, pese a las «dificultades» que conlleva la puesta en marcha y desarrollo de cualquier nueva política, como era en aquel momento las políticas activas de empleo, la gestión y ejecución de éstas y de la formación `profesional fue «positiva, razonable, útil y eficaz» para la creación de empleo en Andalucía y para formar a trabajadores en campos en los que había más deficiencias de recursos humanos.
También comparece Griñán
Los dos expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán estaban citados este lunes a declarar ante la comisión de investigación sobre las subvenciones a la formación profesional para el empleo, en vísperas de que asista también a este órgano la jefa del Ejecutivo andaluz, Susana Díaz, tan solo un día después de sus antecesores en el cargo.
Susana Díaz cierra este martes la primera ronda de comparecencias en la comisión, tal y como acordaron los grupos parlamentarios. Su citación, a las 18,00 horas, ha causado malestar en las filas del PP-A y de Podemos, formaciones que han criticado que la presidenta no comparezca en sesión de mañana, así como tampoco los expresidentes.
Los grupos parlamentarios acordaron el pasado mes de enero un listado con 69 comparecientes para una primera ronda de declaraciones ante la comisión de investigación. En el mismo también se incluía a la ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, quien decidió no acudir, basándose en un informe del Consejo de Estado que rechaza que los ministros deban comparecer en comisiones de investigación autonómicas.
Tampoco han asistido a la comisión la consejera del Tribunal de Cuentas María Dolores Genero, aludiendo a que no tenía competencias sobre la materia, y el representante de la fundación Forja XXI, por enfermedad. El resto han comparecido, aunque una parte importante, –fundamentalmente los imputados en la causa–, se ha acogido a su derecho a no declarar.
La comisión comenzó en marzo con la comparecencia de los interventores provinciales de la Junta y del interventor general. Les han seguido jefes de servicio, delegados provinciales de Empleo, representantes de los consorcios, de la Faffe, de las empresas y de los alumnos.
También han comparecido, entre otros, directores generales, secretarios generales, los exconsejeros Ángel Ojeda, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio y Antonio Ávila, y el testigo protegido de la juez Alaya en la causa de la formación, Teodoro Montes.
Una vez que finalice este martes primera ronda los grupos decidirán en una reunión de la comisión si convocan una segunda. Hasta el momento, ninguna de las formaciones se ha pronunciado sobre si considera o necesaria la citación de nuevos comparecientes.
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