La empresarial CEOE ha enviado hoy a los partidos políticos un documento con sus prioridades de cara a la próxima contienda electoral del 26 de junio. En su programa, titulado “Quince reformas para consolidar la recuperación”, la patronal rechaza la creación de nuevos impuestos – como proponen ‘Unidos Podemos’ y el PSOE – y reclama en cambio al futuro Gobierno que salga de las elecciones que avance en la senda de consolidación fiscal e intensifique el proceso de reformas estructurales iniciado por el PP.

En el marco laboral, los patronos piden en primer lugar “racionalizar” el actual número de contratos y el sistema de bonificaciones, en referencia esta última a las subvenciones a la contratación que merman los ingresos públicos, y cuya eficacia es muy discutida por los expertos.

En primer lugar, CEOE solicita que el nuevo Gobierno busque garantizar la estabilidad política, intensifique el proceso de consolidación fiscal y continúe el proceso de reformas.

Tras repasar algunas medidas relativas al sector público, como la necesidad de unas cuentas públicas saneadas y avanzar en la reforma del sector público, los patronos piden que no se introduzcan nuevas figuras impositivas ni se recuperen algunas desaparecidas que “no tienen eficiencia ni interés general”, afirman.

En cambio, piden reducir la presión fiscal, coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, y combatir y erradicar las tasas de economía sumergida y los supuestos de fraude y evasión fiscal.

Ralentización en el empleo

CEOE observa “cierta ralentización” en la recuperación del empleo, por lo que exige reforzar la eficacia de las políticas de empleo, mejorar los mecanismos de intermediación, impulsando el papel de las agencias privadas de colocación, así como racionalizar el número de contratos y el sistema de bonificaciones.

En lo relativo a su relación con los sindicatos, la patronal considera que hay algunos aspectos de la negociación colectiva que “deben mejorarse” a fin de lograr que esta sea “más ágil, eficaz y adaptada a la realidad”.

También piden resolver las consecuencias derivadas del cese de la ultractividad de los convenios –la prórroga automática que se activa cuando los convenios caducan, y que la reforma laboral limitó a un año– e impulsar el uso de los sistemas autónomos de solución de conflictos laborales.

En el campo de la Seguridad Social se pide continuar con las reformas que contribuyan a un sistema público de pensiones “viable y sostenible”, y una rebaja de cotizaciones empresariales que las haga “similares” a las de los países de nuestro entorno, sostienen.

Educación e I+D+i

Los empresarios consideran fundamental un marco normativo “favorable” a la actividad empresarial, la creación de más empresas, así como incrementar la inversión en I+D+i, especialmente la correspondiente al sector privado, mantener e, incluso, mejorar el actual sistema de incentivos fiscales para las actividades de I+D, desarrollar y apoyar la transformación digital de todos los sectores productivos e impulsar los procesos de reindustrialización.

En lo relativo a la educación, el documento demanda un Pacto Social por la Educación, que logre la estabilidad de las políticas educativas, así como impulsar la competitividad y establecer una relación fluida entre la educación y la empresa.

Piden además “transformar” el modelo de formación profesional para el empleo sobre la base de los interlocutores sociales y que se tenga a las empresas como protagonistas y núcleo de decisión.