El Banco de España cree que es «esencial» culminar el proceso de consolidación fiscal para preservar la confianza en la economía española. Y reclama a todos los niveles de la Administración, desde el Estado a los ayuntamientos, a «detallar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales» en el medio plazo.
En el Informe Anual 2015, argumenta que «las incertidumbres ligadas al contexto político interno incrementan, a su vez, las dudas en torno al curso futuro de las políticas económicas y el desarrollo de las reformas necesarias para culminar los retos pendientes», como es esta consolidación fiscal.
«La magnitud de los ajustes pendientes para situar las finanzas públicas en una situación saneada es todavía significativa», avisa. Y subraya que la reducción del déficit público hasta el 2,5% en 2017, como ha fijado la Comisión Europea, «comportará costes en el corto plazo».
El Banco de España, no obstante, resalta que esos ajustes generarán «beneficios en el medio plazo». Por lo que recomienda .seguir avanzando en la «racionalización y eficiencia del gasto público», «considerar una revisión de la cesta de impuestos que permita obtener de forma estable los ingresos necesarios para financiar el nivel deseado de gasto público», otorgar un mayor peso a la imposición indirecta y racionalizar la gama de deducciones, bonificaciones y reducciones «que erosionan la capacidad recaudatoria».
El documento del Banco de España avisa también que el ritmo de crecimiento de la economía española irña moderándose este año (2,7%) y en 2017 (2,3%), por el «agotamiento progresivo» de factores que han jugado a favor como los estímulos del BCE, la depreciación del euro, «el cambio de orientación de la política fiscal», y el descenso del precio del petróleo.
También anticipa que el crecimiento potencial de la economía española experimentará una «reducción considerable» en el periodo 2020-2025, desde las tasas cercanas al 3% de los años precrisis, hasta el 1,2%, por el impacto del envejecimiento de la población.
Por tanto, España debe mantener una agenda «ambiciosa» de reformas, para resolver cuestiones de calado como la elevada dependencia de las importaciones, el abultado saldo deudor neto frente al exterior y la tasa de paro. «Las ventajas competitivas duraderas han de proceder de aumentos de la productividad que, a su vez, son el resultado de reformas estructurales de los mercados de trabajo y de bienes y servicios», argument.
No hay una conversión de contratos temporales en indefinidos
El Banco de España recomienda reducir las barreras regulatorias con las que se encuentran las empresas. Advierte que las dificultades para bajar los salarios podrían perjudicar la consolidación de las ganancias de competitividad obtenidas en los últimos años, y aboga por potenciar la contratación indefinida evitando su «excesiva» protección para no desincentivar la creación de empleos estables.
El mercado de trabajo español se enfrenta al reto de reducir el «elevado» desempleo para evitar que una parte «considerable» de él se convierta en estructural, y para favorecer un comportamiento más dinámico de la productividad.
Critica que tampoco se observa un aumento «significativo» de las conversiones de contratos temporales en indefinidos, que «habían mostrado una tendencia claramente descendente desde el inicio de la crisis y que, en el período más reciente, se mantienen en niveles reducidos». Y que la destrucción de empleo temporal «todavía mantiene cotas elevadas».Los parados más jóvenes y los de más edad, aquellos con menor nivel de formación y, sobre todo, aquellos que acumulan más tiempo en el desempleo, muestran una probabilidad «significativamente más reducida» de encontrar un empleo. El Banco de España reconoce un «deterioro acusado» de las oportunidades de empleo de los parados de larga duración.considera que la reducción del desempleo exige actuaciones adicionales que permitan a las empresas optar por una «adecuación» de las condiciones laborales a su situación específica y refuercen su flexibilidad interna.
El Banco de España considera que hay que modernizar los servicios públicos de empleo e incrementar los recursos disponibles en las políticas activas por desempleado, siendo «deseable» relanzar las actividades de formación y orientación, que «en comparación con otros países europeos, son relativamente escasas en España», frente a un peso «elevado» de los incentivos a la contratación, cuya efectividad suele ser «limitada».
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