Por un lado, la Audiencia ha admitido las medidas cautelarísimas solicitadas por las eléctricas en contra de uno de los desarrollos reglamentarios ya publicados en el BOE de los que depende la puesta en marcha del decreto.

Por otro lado, el Tribunal de Luxemburgo ha solicitado al Gobierno español que retrase dos meses la aplicación de la norma para analizar el expediente. Las eléctricas habían recurrido el decreto ante esta instancia judicial.