El director general de Uber en el sur de Europa, Carles Lloret, se queja en el curso de la Apie en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), patrocinado por el BBVA, que el sector del taxi sea un mercado «muy regulado y muy restringido». Aegura que si se liberalizara el sector se generarían 324 millones de euros al año y se impulsarían 30.000 licencias para conductores profesionales en 2019.

«Este mercado debe regularse. No prohibirse, sino regularse», señala, mientras argumenta que los consumidores y los conductores que utilizan Uber también pagan impuestos.

Lloret reconoce que Uber cobra un 25% de comisión, y la justifica en que se repercute casi en su totalidad en la tecnología necesaria para mejorar y mantener la aplicación.

En Madrid existen 1.600 licencias para ofrecer servicios de transporte de personas, 500 en Málaga y 400 en Barcelona. A pesar de que en el resto de ciudades se demanda los servicios de Uber, las restricciones de licencias complican el desarrollo de la aplicación, ya España fije que sólo se puede conceder una licencia por cada 30 taxis, lo que complica el desarrollo de Uber.

Por ello, la estrategia de Uber en España se está centrando en Madrid. El director general de Uber reclama al Gobierno que salga de las urnas el 26 de junio que  impulse un cambio en la regulación nacional.

Lloret descarta que a corto plazo Uber, que presta servicios desde Holanda y tributa en ese país, traslade su sede fiscal a España. Reconoce que que falta «muy poco tiempo» para que la compañía sea rentable en Madrid, pese a que el mercado está limitado y no goza de todo su «potencial».

Y defiende que la aplicación de Uber ha permitido a los conductores ganar igual o más dinero al elevar el tiempo de uso de su vehículo, lo que además ha llevado aparejada una reducción en la tarifa a pagar por los usuarios.