La Directiva MiFid II, que entra en vigor el 1 de enero de 2018 pero que deberá estar traspuesta a la normativa nacional mucho antes, va a provocar un estrechamiento de márgenes y un incremento de los costes, a las gestoras de instituciones de inversión colectiva y también a las entidades comercializadoras de éstas. Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco y director del Observatorio, también pronostica en un encuentro formativo que «el depósito no será atractivo durante al menos 3 años». Precisa que el estrechamiento de márgenes se compensará «con mayor volumen de negocio o con más comisiones a los clientes», y que la mayor transparencia que introducirá la nueva Directiva «ayudará a vender más fondos de inversión».

Elisa Rincón, directora general de Inverco, resalta que la inversión colectiva tiene más de 7 millones de partícipes, que ha colocado en España 126.000 millones de euros, el 42% en deuda pública. «Es una actividad que genera 7.500 empleos directos, y 27.785 indirectos», señala. Entre sus puntos negativos, la ausencia de «masa crítica de activos financieros», el perfil de riesgo y el plazo de mantenimiento de la inversión, el escaso peso del inversor institucional (20%) y extranjero (0,9%), y que el mercado español es poco atractivo para las gestoras de América Latina.

España es, junto a Noruega y Portugal, el único país de la UE en que los fondos tributan en el Impuesto de Sociedades. Mientras el resto de Europa no fija un número mínimo de accionistas sino que se fija en que esté abierto a cualquiera, España, como Portugal, exige 100 accionistas a una sicav. Un requisito anacrónico (se remonta a 1967, cuando los fondos de inversión cotizaban obligatoriamente en la Bolsa), según Inverco, porque las sicav cotizan en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), tienen más de 460.000 inversores, y dan contrapartida a la compraventa de títulos.

Otro problema sin resolver son las cuentas ómnibus. «La obligación de mantener el sistema actual para partícipes preexistentes genera duplicidad, ya que hay una operativa adicional para los nuevos partícipes. Eso impide el desarrollo de las cuentas ómnibus en España, y es un obstáculo que sufren las gestoras nacionales, y no las extranjeras«.