El Consejo de Ministros tiene este viernes una agenda apretada, dado el volumen de normas, planes y leyes que tiene previsto aprobar. Entre ellos, destacan cuatro asuntos de suma importancia: el calendario de reformas, el programa de Estabilidad que será remitido a  Bruselas; el traslado de 820.000 agricultores del Régimen del Campo al Régimen General de la Seguridad Social y, por último, la aprobación de la Ley de Economía Sumergida, pese a las reticencias de empresarios y sindicatos.

En el programa de Estabilidad, el Gobierno ha preparado la última revisión del cuadro macroeconómico, en el que cabe destacar el aumento de medio punto de la tasa de paro para este año, y de un punto para 2012, junto a la revisión a la baja del crecimiento del PIB para los dos próximos años, mientras mantiene los objetivos de déficit público del 6% (2011); 4,4% (2012) y 3% (2013).

Agenda de las reformas

Por lo que respecta a la agenda de las reformas, el Ejecutivo deberá poner fecha a las reformas para mejorar en competitividad, incrementar el empleo, y lograr la estabilidad financiera así como presupuestaria, la mayoría en proceso de ejecución. En el caso del reforzamiento del sistema financiero, se mantienen los plazos que escrupulosamente está vigilando el Banco de España.

En este paquete también está previsto que incluya nuevas medidas contra la crisis económica, sentando las bases para la recuperación y fortalecimiento económico, basadas en la mejora de la productividad y competitividad. En este apartado, está previsto que se incluya la Ley de Estabilidad Presupuestaria (que vinculará el gasto al PIB Nominal, que deberá ser cumplido por todas las administraciones).

En materia de competitividad, ya se ha empezado a avanzar con la recién creada Comisión Asesora de la Competitividad, cuya primera tarea será realizar un análisis de cómo se encuentra tanto a nivel nacional como por sectores a fin de implementar medidas a través de la negociación con los agentes sociales.

También se incluye, la reforma de la negociación colectiva que ya se sabe que no estará “en dos días ni en la próxima semana”, según ha confirmado este jueves el presidente de la CEOE, Juan Rossel, junto con el desarrollo reglamentario de la reforma laboral. Tal vez el Ejecutivo aproveche también para dar el visto bueno definitivo a la reforma de las pensiones, que aún sigue pendiente, pese al “gran pacto” firmado con los agentes sociales el pasado mes de febrero.

Asimismo, se incluirán materias de suma importancia como la reforma de la formación profesional para mejorar su calidad, facilitar el acceso y dar respuesta a las necesidades de las empresas.

Economía sumergida

Precisamente derivada de aquel pacto se ha elaborado la Ley de Economía Sumergida, que tras ser negociada con empresarios y sindicatos no cuenta con su total aprobación, si bien tampoco han hecho casus belli de ella.   De esta nueva norma se sabe que los empresarios tendrán hasta agosto para regularizar su situación, pagando seis meses de cotizaciones sociales de sus trabajadores, con independencia del tiempo que lleven en situación irregular. El titular de Trabajo, Valeriano Gómez, ya ha dicho que “no habrá amnistía fiscal”.

Asimismo, ha manifestado que «a la vista de las propuesta y las objeciones del plan (por parte de los agentes sociales), el Gobierno tomará sus decisiones y remitirá el proyecto de ley por un decreto ley que lo aprobará este viernes, aunque tendrá en cuenta las objeciones manifestadas por empresarios y sindicatos para no desvirtuar el acuerdo.

No obstante, los secretarios generales de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo, y Cándido Méndez, han mostrado su rechazo a la última propuesta remitida por el Gobierno, pues echaron en falta una lucha «decidida» contra el fraude fiscal y se temieron que las nuevas medidas de afloramiento acaben precarizando aún más el mercado de trabajo. A lo que Gómez les ha replicado, asegurando que «el plan no contiene ninguna amnistía, sino facilidades».

Por su parte,  el presidente de la CEOE, Juan Rosell, que no rechaza el plan, si ha lamentado la forma en que el Gobierno quiere incentivar que este tipo de economía deje de estar oculta y ha pedido un mayor control del fraude fiscal: «Todo lo que sea aflorar la economía sumergida nos parece muy bueno; otra cosa es lo que pase con el cómo y en qué se va a incentivar, porque todos los aspectos laborales tienen que ir ligados a aspectos fiscales», ha dicho el dirigente empresarial.

Conversión de regímenes

Por último, después de décadas aprobando el traslado de los Trabajadores del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social al Régimen General –incluido en todas las reformas del sistema público, con especial atención a las pactadas en 2006 y 2001-, el Gobierno por fin dará luz verde hoy a esta medida, que supondrá el traslado de 820.000 agricultores al Régimen General.

Este paso supondrá la equiparación de las prestaciones que reciben los agricultores con las del resto que cotizan por cuenta ajena, además de que desde que entre en vigor este cambio, los trabajadores agrarios cotizarán por su salario real. El texto normativo equipara las prestaciones de la Seguridad Social que reciben los trabajadores del campo con las del resto de los trabajadores por cuenta ajena.

Desde el Ministerio de Trabajo se destaca que supondrá un “paso adelante” al mandato del Pacto de Toledo de “integración de regímenes del sistema de la Seguridad Social” en dos grandes bloques: Régimen General en el que se afilian los trabajadores por cuenta ajena, y Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, al que pertenecen los trabajadores por cuenta propia.