«España no es una amenaza para la estabilidad financiera de la zona del euro», así de rotundo se muestra el Gobierno en funciones español en las alegaciones presentadas en Bruselas para que le sea retirada la multa por déficit excesivo. Es más, califica la decisión del Ecofin de «incoherente» y «contraproducente» porque el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE tiene por objetivo «lograr unas finanzas públicas saneadas como medio para reforzar las condiciones para la estabilidad de precios y para un crecimiento fuerte, duradero y generador de empleo”.

Por esta razón, «imponer una multa a España sería dar un paso en la dirección contraria de lo que Europa necesita», y no tendría en cuenta las principales prioridades de la política económica que actualmente persigue la UE.

Asimismo, se hace referencia al «momento de creciente incertidumbre y riesgos» en que se encuentra la economía mundial y los mercados financieros europeos, por lo que «proteger la credibilidad del marco de gobernanza de la UE y de la zona euro resulta crucial en la formulación de la política económica».

Lo que se va a hacer para reducir el déficit

Tras relatar todos los esfuerzos realizados en materia fiscal y las medidas adoptadas desde 2012 para restablecer el ritmo de crecimiento económico, creación de empleo y recorte del gasto público, el Ejecutivo español se compromete en sus alegaciones a «adoptar compromisos adicionales». Concreta, en este sentido, que en cuanto esté constituido el nuevo Gobierno, se adoptará y aplicará una reforma del Impuesto sobre Sociedades, con un impacto presupuestario estimado de 6.000 millones de euros en 2016.

Además, se adoptarán medidas adicionales para luchar contra el fraude fiscal (1.000 millones de euros) y se adelantará el cierre del presupuesto de 2016 para controlar el gasto público.

Con todo ello, unido al esfuerzo realizado con las medidas puestas en marcha en los últimos cuatro años que «empiezan a dar sus frutos», España se compromete a situar el déficit público por debajo del 3% en 2017 mediante la puesta en marcha de varias medidas con una «estrategia de gestión de presupuesto que ayudará a frenar el gasto».

A ello se suma el recorte del 30% del déficit de las Administraciones autonómicas hasta abril y la leve subida del gasto del 1% del gasto de las entidades locales… datos que vienen a mostrar que se va en la dirección correcta.

«Razones de peso»

Con todo, el Gobierno español precisa en su documento que «existen razones de peso» para no multar a España por la desviación de los objetivos de 2015 (año en el que se alcanzó un déficit del 5,1% en lugar del 4,2% que se había marcado como objetivo), algo que sería dar un paso en la «dirección contraria» a lo que Europa necesita y que «no tendría en cuenta las principales prioridades de la política económica» que actualmente persigue la Unión Europea.

Por si fuera poco, el Ejecutivo español también considera que se deberían poner en consideración las «inconsistencias metodológicas» a la hora de evaluar la acción efectiva en el caso de España, por las que se atribuía un crecimiento cero en 2015 a España cuando fue del 3%. «La revisión actualmente en curso de la metodología no hace sino reforzar aún más la necesidad de un enfoque prudente», se alega.

También pide que se tenga en cuenta la inflación negativa que se registra desde 2013, lo que ha dificultado aún más el ajuste fiscal. Este factor, alega el Gobierno, debe tenerse en cuenta y ser contextualizada en «la excepcional y persistente baja inflación en la zona euro, que el Banco Central Europeo está intentando atajar». Con ello se da a entender que la baja inflación está perjudicando a la economía española y no depende del país sino del BCE su control, algo que hasta ahora las autoridades comunitarias no han logrado. En este sentido recuerda recuerda el caso de otros países que en «similares circunstancias económicas excepcionales fueron tenidas en cuenta». «La importancia de inflación negativa no puede subestimarse en el caso de España y la igualdad de trato debe prevalecer», concreta en su alegación.

El inicio del documento comienza con la explicación de todas las medidas que se pusieron en marcha como consecuencia de la crisis económica, que denomina como «estrategida económica eficaz» diseñada para favorecer un crecimiento económico sostenible y la creación de empleo.

Con todo este esfuerzo, el déficit público ha pasado del 9,6% en 2011 a ser de prácticamente la mitad en 2015, lo que «en la evaluación de la acción efectiva de otros países, similares circunstancias económicas excepcionales fueron tenidas en cuentas».

También se precisan los «logros económicos» alcanzados en 2015, precisamente el ejercicio por el que nos quiere multar Bruselas, en que España se situó entre las economías de mayor crecimiento del mundo (3,2%)», así como la creación de «más de medio millón de puestos de trabajo» y la reducción en casi un punto porcentual del déficit hasta el 5% del PIB.

«Un elemento clave para explicar la desviación del déficit de 2015 ha sido que la recaudación impositiva resultó menor a la inicialmente prevista», explica. Además, se excusa en la puesta en marcha de «incentivos sociales para fomentar la contratación indefinida y reducir la temporalidad», una medida que España defiende por estar «en línea con las orientaciones económicas de la Unión Europea».

«España ha estado siempre firmemente comprometida con el cumplimiento de las normas fiscales y económicas de la Unión Europea», se recalca en las 26 páginas enviadas a Bruselas, incidiendo en que nuestro país lo ha hecho «incluso en circunstancias económicas y sociales sumamente complejas». Y recuerda que así lo considera la propia Comisión Europea, que identificó a España como uno de los países de la UE «con mejor cumplimiento» de sus recomendaciones. Un reconocimiento, que también debería ser tenido en cuenta para no ser multada.