La reforma de la negociación colectiva, el absentismo y la economía sumergida son los temas que los interlocutores sociales han puesto encima de la mesa, con no demasiado entusiasmo por parte de la patronal, que desconfía que el Gobierno actual vaya a presionar para que se adopten las medidas necesarias o para que las impongan si no hay acuerdo.

El plan de afloramiento de la economía sumergida aprobado por el Gobierno viene a darles en parte la razón a quienes creen que en estos momentos el Ejecutivo no está para muchos compromisos. No se ha aprobado un plan muy agresivo para que aflore el empleo sumergido. Las decisiones aprobadas se concretan en un periodo de tiempo, unos meses, para que las empresas decidan regularizar su situación a cambio de no sufrir sanciones económicas y a cambio de que paguen las cotizaciones atrasadas.

Para los trabajadores que salgan a la superficie no hay reconocimiento de antigüedad superior a la que el empresario declare y para el empresario no hay más cuestión positiva que la ausencia de sanción. En una situación como la actual parecen pocos alicientes como para que aflore una parte sustancial del empleo no declarado.

Las conversaciones entre sindicatos y patronal deberían haber terminado en marzo pero se prologaron para intentar que hubiera acuerdo. Como con la reforma laboral. Pero parece difícil de alcanzar. La patronal, aunque con mejores formas que en la etapa anterior de Gerardo Díaz Ferrán, mantiene sus posiciones sin apenas renunciar a ellos. La cercanía de las elecciones municipales y autonómicas, que pronostican una derrota importante de los socialistas, no ayuda precisamente  a que el Gobierno tome decisiones radicales si no hay acuerdo.

Es difícil pensar que Zapatero decida ir más allá de lo que acepten los sindicatos, y que se concretara antes del 22 de mayo. Supondría una sangría de votos mayor aún de la que se prevé. Y la patronal, a la luz de los últimos movimientos de la misma y de la nueva iniciativa organizativa  de las principales empresas, no parece que esté dispuesta a aceptar medidas no definitivas. Lo malo es que después de las elecciones las cosas no serán muy distintas.

El Gobierno será algo más débil y además habrá que empezar a tener en cuenta no solo lo que el presidente quiera sino también las ideas al respecto que tenga el candidato o candidatos a suceder a Zapatero dentro del PSOE.

En estas condiciones parece difícil que se alcance un acuerdo eficaz sobre la negociación colectiva y su descentralización de forma que las empresas puedan descolgarse de verdad y sin costes importantes de lo acordado a nivel nacional o sectorial o que se tomen medidas para que el absentismo deje de ser casi un deporte nacional y se reduzca a cifras comparables con las de otros países.

Por eso no debe extrañar que el escepticismo se haya instalado entre los empresarios y que vuelvan a hablar de tiempo perdido y de escasas posibilidades de que se instrumenten soluciones reales en el corto plazo.