La recaudación extraordinaria que ha obtenido Hacienda por el rastreo realizado por la Dirección General del Catastro en más de 4.340 municipios, que asciende a 1.254 millones de euros, apenas supone un 2% de los ingresos totales percibidos en los últimos cinco años en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que superaron los 12.510 millones de euros en 2015, según los cálculos de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El colectivo matiza que esos 1.254 millones levantados son el resultado de las liquidaciones del IBI que se han reclamado por los municipios durante los últimos cinco años, correspondientes a los cuatro años anteriores no prescritos desde que se detectaron las ampliaciones.
Los 1,69 millones de inmuebles que se han regularizado durante esta investigación, para la que se han utilizado drones por primera vez, apenas suponen el 3,8% del total de los 42,8 millones de inmuebles que existen en España.
Ladrillo sumergido
Gestha insiste en que el sector inmobiliario es uno de los predilectos de la economía sumergida en España. El 42% de los alquileres no se declaran, lo que supone algo más de un millón de viviendas alquiladas que escapan del control del fisco, subraya un estudio de los técnicos de Hacienda.
A pesar de que el arrendamiento sumergido ha disminuido en 12,6 puntos porcentuales desde 2007, año en el que los alquileres ilegales alcanzaban el 54,03%, la puesta en marcha de un plan eficaz de lucha contra este fraude podría reducir en 10 puntos porcentuales éste y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea y llegando a recaudar unos 40.000 millones de euros adicionales al año.
En la actualidad, la economía sumergida en nuestro país ya alcanza el 24,6% del PIB, más de 253.000 millones de euros opacos, la mayor parte procedente de la evasión de grandes fortunas, conglomerados empresariales y multinacionales. Por ello, Gestha pide el aumento de competencias de los técnicos de Hacienda para investigar el fraude de las grandes fortunas y empresas, así como el incremento de efectivos en la Agencia Tributaria. Calcula que necesitan más de 26.718 nuevos funcionarios a medio y largo plazo para intensificar la lucha contra el fraude fiscal y reducir a la mitad el tamaño de la economía sumergida.
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