El exdirector general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, declara en su comparecencia como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que investiga la salida a Bolsa de Bankia en 2011, que la petición que hizo el presidente de la entidad nacionalizada, José Ignacio Gorigolzarri, en junio de 2012, de 19.000 millones de euros en ayudas públicas era «excesiva».  Y que el supervisor disponía de unos cálculos «cifrados» en unos 16.000 millones.

Martínez Tello asegura que la solicitud de Goirigolzarri no estaba «sustentada en ningún tipo de informe» y que si finalmente se consintió fue «de alguna manera para no generar alarma», según la versión de la comparecencia transmitida por Andrés Herzog, el el abogado de la acusación popular.

Bankia recibió ayudas públicas por 22.424 millones. En septiembre de 2012, la consultora Oliver Wyman cifró las necesidades de capital de Bankia-BFA en 24.743 millones.

El máximo responsable de la supervisión de la banca en el momento de la salida a Bolsa de Bankia considera que había provisiones suficientes, unos 3.027 millones, y que los criterios contables aplicados por la entidad respondían a las normas del organismo supervisor.

El entonces director general de Supervisión afirma que el Banco de España conocía perfectamente la evolución de Bankia y que tanto las cuentas, aprobadas bajo la presidencia de Rodrigo Rato, que reflejaron un beneficio de 309 millones de euros, como a las reformuladas ya con Goirigolzarri al frente de la entidad y en las que aparecen una pérdidas de 2.979 millones, eran correctas.

Martínez Tello se alinea con Francisco Celma, responsable en Deloitte de la auditoría a Bankia previa a la salida a Bolsa, imputado por el caso, y contradice de esta forma a los dos peritos judiciales, inspectores del Banco de España, Antonio Busquets y Víctor Noguera, que aseguraron que las cuentas estaban maquilladas con errores contables en el estreno bursátil de la entidad.

Un largo contencioso

En la causa judicial, abierta tras las querellas presentadas en junio de 2012 por el colectivo ’15mpaRato’ y UPyD (que posteriormente se retiró del caso por motivos económicos), los peritos judiciales ratificaron el 12 de enero los informes en los que apuntaban que el grupo, creado en diciembre de 2010 por siete cajas de ahorro, presentaba pérdidas desde dos años antes, y la entidad salió a Bolsa sin ofrecer su «imagen fiel».

En julio de 2012, el juez de la Audiencia Nacional imputó al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Caja Madrid y de Bankia Rodrigo Rato, a una treintena de antiguos miembros del consejo de administración, así como a Bankia y BFA en calidad de personas jurídicas por indicios de delitos de falsificación de cuentas, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida.

En noviembre de 2015 aumentar hasta los 38.290.648 euros la fianza en concepto de responsabilidad civil impuesta a la entidad financiera, su matriz BFA, Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el exconsejero delegado Francisco Verdú y el que fuera consejero ejecutivo José Manuel Fernández Norniella. Posteriormente, imputó a Celma y a Deloitte por la auditoría.