El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, han acordado reunirse el próximo martes a las 11.30 horas en el Congreso de los Diputados, aunque el socialista ya ha advertido al líder del PP que su postura no ha variado: no facilitarán su investidura. Al día siguiente, el miércoles, Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, se reunirán en el Congreso a las 9.30 horas, según han acordado sus respectivos gabinetes después de que los dos líderes hablaran por teléfono este viernes.

Reunión con Sánchez

Según han informado fuentes socialistas, Rajoy y Sánchez han mantenido una conversación telefónica y se han citado para la próxima semana en la Cámara Baja, después de que el presidente en funciones anunciara este jueves su intención de iniciar una nueva ronda de contactos con los líderes políticos de cara a una posible investidura, una vez que ha aceptado la propuesta del Rey.

Antes de que se produjera la llamada del líder del PP, fuentes socialistas ya habían asegurado que el secretario general del PSOE estaba dispuesto a responder a Rajoy y a reunirse con él, pero con el objetivo de avisarle de que «debe presentarse a la investidura» y reiterarle que no puede contar con sus votos.

Según han indicado a Europa Press fuentes de Ferraz, Sánchez ya le ha trasladado este mensaje en la conversación telefónica que han tenido este viernes, en la que le ha insistido que es su «responsabilidad constitucional» acudir al Congreso después de haber aceptado la propuesta del Rey para ser candidato a la Presidencia del Gobierno.

El líder de los socialistas le ha adelantado ya el mensaje en el que insistirá el próximo martes en su encuentro: «Debe presentarse a la investidura» y no puede hacer «amenazas» de que va a «contravenir el artículo 99» de la Constitución, que así lo estipula.

Sánchez cree que el líder del PP «no puede jugar al escondite» y le insistirá en que no tiene otra «opción» que acudir al Congreso de los Diputados para ofrecer un programa de Gobierno.

Dicho esto, le ha insistido también en que no tendrá el apoyo del PSOE para articular la investidura. El líder de los socialistas hará hincapié también la próxima semana en que el acuerdo al que llegó con Ciudadanos, Convergencia y PNV para designar la mesa del Congreso es «la senda que debe transitar para llegar a ser presidente».

En este sentido, y como ya adelantó este jueves al verse con el Rey, el líder de los socialistas le asegurará que los socialistas no van a «criticar que utilice el tiempo que considere necesario» ni a los «aliados de la derecha, entre los que se encuentran los nacionalistas».

Y le reiterará que en cuestiones de Estado, como el desafío soberanista o la lucha contra el yihadismo, «siempre encontrará un aliado en el PSOE». «Pero para la investidura debe continuar con el acuerdo que llegó para la mesa», han insistido estas fuentes.

Reunión con Rivera

 

Por su parte, Ciudadanos ya había expresado su disposición a escuchar a Rajoy si este les llamaba para convocarles a una reunión, ya fuera bilateral o en otro formato. Sin embargo, la formación liderada por Albert Rivera ha dejado claro que no va a negociar un cambio en su posición para la investidura, en la que asegura que dirá ‘no’ a Rajoy en la primera votación y se abstendrá en la segunda.

En este sentido, ha indicado que solo aceptaría votar a favor de un Ejecutivo del PP si este fuera «renovado» tanto en sus políticas como en sus miembros, es decir, que no incluyese al actual presidente en funciones.

En su conversación telefónica, los dos dirigentes políticos también han hablado de la situación creada en Cataluña por el proceso independentista. «Rivera ha reiterado a Rajoy el apoyo de Ciudadanos al Tribunal Constitucional y al Ejecutivo en funciones para cumplir las leyes democráticas y la Constitución en el Parlament de Cataluña», han informado fuentes del partido naranja.

Poco antes, el Gobierno había anunciado su petición al Tribunal Constitucional para que analice si la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, incurrió en responsabilidades penales por incumplir sus resoluciones al permitir la votación y aprobación de la resolución que autoriza debatir sobre la «desconexión» de esta comunidad autónoma.