Ahora recordamos menos a Gallardón, pero durante un tiempo fue la esperanza perlada de la patria, una especie de posibilidad en un país de imposibles; así, con Alberto Ruiz-Gallardón se abría la puerta a una derecha más o menos moderada, centrada, se decía, ya alejada de su peor relato con el fascismo bajo los párpados. Gallardón, como aprendimos luego, era un hombre que iba con su retrato a cuestas, mientras buscaba cualquier rescoldo del poder para el que siempre se sintió destinado. Era fácil imaginar a Gallardón imaginándose a sí mismo como presidente del Gobierno, con la anuencia de una parte de la izquierda de entonces y la desconfianza de otra parte de los suyos, que no veían con ojos amables su coquetería progresista. Sin embargo, en cuanto tuvo la ocasión demostró el tiburón sin océano que llevaba dentro, la suerte de zarpazo abisal, sí, pero en secano, de un hombre que lo buscó a toda costa, pero que nunca pudo reinar. Se empezó a ganar el ministerio de Justicia cuando incorporó a Ana Botella a su lista para el Ayuntamiento de Madrid, con la sombra protectora de Aznar llamándole a lo lejos: fue entonces cuando, en público y entre risitas agudas, femeniles, unas risitas que le salían de dentro, explotó: “Gracias, Ana, por lo que tú ya sabes”, como si estuviéramos en el cole y nos hubieran dejado entrar en un club muy molón.

El club, claro, era la subida champanera hasta la cúpula del PP. Por eso lo recordamos hoy: porque Alberto Ruiz-Gallardón ha sido el primer ministro de Justicia de la democracia en intentar desmontar, con el apoyo del presidente Mariano Rajoy, el derecho a la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, y ante los tribunales, al imponer unas tasas judiciales que el Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucionales. Ya en 2015 el propio Gobierno eliminó las tasas para las personas físicas por vulnerar el artículo 24 de la Constitución, que consagra el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. Las tasas que se han declarado ahora inconstitucionales son las que se obligaban a abonar a las personas jurídicas para poder presentar recursos en el orden contencioso-administrativo, esto es, las acciones contra medidas de la administración, al igual que las tasas para apelar ante audiencias provinciales y tribunales superiores de justicia, y en casación, ante el Tribunal Supremo, en los órdenes civil, social y contencioso-administrativo. Las tasas podían oscilar entre 200 y 1.200 euros, con lo que, quien no dispusiera de esas cantidades, no podría recurrir, y por tanto su derecho quedaría mermado frente a quienes sí tenían esa dinero.

Más allá de que las tasas ya abonadas no se vayan a devolver, y que el Gobierno haya incumplido su promesa –qué esperaban- de destinar esos más de 600 millones de euros a mejorar el funcionamiento de los tribunales de justicia y potenciar el turno de oficio, el Tribunal Constitucional deja constancia de que la desproporcionalidad de las tasas hace que el derecho a la justicia “se diluye para todo aquel que dispone de medios económicos suficientes”, porque “el objetivo de la financiación mixta de la Justicia no puede traer consigo el sacrificio de un derecho fundamental”. Pues bien: además de dejar Madrid endeudada para las próximas tres generaciones, aquí tenemos la herencia que deja Gallardón, la gran esperanza, el estadista mejor valorado por su propio espejo.

En esto ha quedado Gallardón, en su agresión fallida a nuestras libertades. En esto han quedado tantas miles de horas invertidas en la figuración de un personaje. Quien venía a liberarnos de Rajoy, no esperaba que Rajoy lo desterrara al pasado.