El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Convocatoria Estatal de Formación, dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados. La convocatoria, que está dotada con 250 millones de euros hasta 2017, se centrará en cursos sobre digitalización, tecnologías de la información, internacionalización de las empresas, emprendimiento e igualdad de oportunidades.

El objetivo del Gobierno es “mejorar la empleabilidad de los trabajadores y la competividad de las empresas”, según ha destacado la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, al término del Consejo de Ministros.

La ministra ha defendido además la exclusión de patronales y sindicatos del órgano que escoge a las entidades que impartirán los cursos. “No pueden ser juez y parte”, ha dicho la ministra, quien ha recordado que se trata de la primera convocatoria estatal abierta al 100% a la concurrencia competitiva de las entidades de formación, según ha recordado Báñez.

También es la primera vez que el Gobierno accede a reanualizar los fondos dedicados a formación que no han sido ejecutados. Es decir, el Ejecutivo rescatará el dinero no gastado de cada presupuesto para dedicarlo al área de formación, una vieja reivindicación de empresarios y sindicatos.

La convocatoria estatal de formación se enmarca dentro de la Estrategia Española de Activación para el Empleo, y más concretamente dentro del Plan Anual de Políticas de Empleo 2016, aprobado en abril por la Conferencia Sectorial de Empleo donde participan comunidades autónomas y agentes sociales.

A su vez los objetivos marcados por el Plan Anual de Políticas de Empleo son los jóvenes, los parados de larga duración, la formación profesional para el empleo, vincular las políticas activas – la formación y orientación, entre otras – con las políticas pasivas de ayudas y subsidios, y el impulso al emprendimiento.

En 2016, las comunidades autónomas recibirán 386 millones de euros más que el año pasado, hasta 1.800 millones de euros, según ha explicado Báñez, de un total de 5.265 millones de euros; el resto queda en manos del Gobierno central.

De esos 1.800 millones de euros, la mayor parte se destinarán a las áreas de orientación, formación y oportunidades de empleo.

Báñez defiende la exclusión

La ministra ha defendido la exclusión de las organizaciones empresariales y sindicales del órgano que evalúa las ofertas llegadas desde los centros de formación. “Cuando uno se presenta a un premio literario, no puede esperar formar parte del jurado”, ha ejemplificado.

La titular de Empleo ha recordado que esta es la primera convocatoria de cursos abierta al 100% a la concurrencia de centros de formación. Algunos de estos centros están en manos de patronales y sindicatos, ha explicado la ministra.

Según Báñez, la presencia de patronales y sindicatos en este órgano “podría vulnerar” el principio de objetividad que dicta la ley de subvenciones del Estado.

La ministra ha recordado que los sindicatos y las patronales se encuentran representados en algunos de los órganos clave en la gestión del sistema nacional de formación para el empleo, como el Consejo General del Sistema Nacional de Formación para el Empleo, la Fundación Estatal, y las comisiones paritarias de la negociación colectiva. Y es en estas entidades donde se deciden “de verdad” las necesidades formativas de las empresas y los futuros cursos, ha asegurado.

Además, la ministra ha afirmado que la exclusión de los agentes sociales se apoya en la Ley sobre Formación Profesional para el Empleo aprobada en las Cortes Generales con un 92% de los votos a favor, ha subrayado.

“Donde no están” los empresarios y sindicatos es en el órgano que garantiza la imparcialidad en el reparto de fondos, ha aseverado. “No pueden ser juez y parte”, zanjó.