En los años 80 del siglo pasado el general Pinochet cambiaba el rumbo del sistema de pensiones chileno. Lo privatizó y para muchos otros países se convirtió en el objeto de deseo, sobre todo de entidades financieras y fondos de inversión.

El envejecimiento de la población, la mala salud de muchas finanzas públicas y el crecimiento del paro son la excusa perfecta para que en España se hable de privatizar el sistema público de pensiones, aunque no había ni habrá un partido político que se atreva a decirlo abiertamente. En la década de los 90 el ya fallecido profesor José Barea alertó sobre los problemas del sistema público (en un estudio financiado por la Fundación BBVA). Dicho informe fue el caldo de cultivo para que desde el sector financiero se instigara a los poderes públicos a favorecer los planes de pensiones, con la alarma siempre pendiendo sobre los cabezas de los ciudadanos de que en un futuro no muy lejano no será posible mantener el sistema público de pensiones.

A partir de ese momento, los planes de pensiones que eran algo residual en las empresas se fue extendiendo. Hoy en día no hay compañía que se precie que no cuenta con el citado plan, incluido incluso en el convenio colectivo. Así las cosas, el sistema público de pensiones se conservará, aunque la mayoría de nuestros políticos aconsejan a cada ciudadano que tenga un plan de pensiones que le sirva para complementar su pensión, porque no lo que nadie se atreve a garantizar es que la cuantía de las pensiones públicas no se vaya reduciendo ya que el dinero de las cotizaciones no llega para mantener su nivel económico actual, más aún cuando cada día ingresan más pensionistas en el sistema. Ésta es la razón por la que se esté empezando a escuchar que, tal vez, el sistema tenga que ser sustentado no sólo por cotizaciones sino también por impuestos.

Pues bien, la presidenta de Chile, Michele Bachelet, acaba de echar un jarro de agua fría a las aspiraciones privatizadoras. Chile siempre ha sido el ejemplo a seguir por el sector privado, pero más de tres décadas después se ha demostrado que es más injusto e insolidario y que los fondos de pensiones son menos seguros que los públicos. En situaciones de empeoramiento económico, los ingresos de los fondos caen y no hay dinero público para solucionar el problema. ¿Quién paga entonces las pensiones? ¿Y si el fondo cae en quiebra?

Por eso, Bachelet ha dicho que las empresas deberán pagar más cotizaciones por sus trabajadores, un 5% más, y se va a hacer de forma gradual a lo largo de los próximos diez años. Pero para volverlo a hacer público, deberán contribuir al sistema también los trabajadores y el propio Estado.

En esta transición también se creará una Administradora de Fondo de Pensiones estatal, que competirá en igualdad de condiciones con el sistema creado por Pinochet y en el que en la actualidad seis compañías privadas gestionan más de 160.000 millones de dólares en activos. Una cantidad que demuestra que dinero hay, aunque mal repartido.

El objetivo de Michelet con el fondo estatal es que se puedan mejorar las pensiones más bajas, pero sobre todo revertir la situación para que las pensiones sean más justas y reconozcan la dignidad y el esfuerzo realizado por los trabajadores. Para ello aumentar la eficiencia y solidaridad serán fundamentales.

La mandataria chilena lo tiene claro: “Ha llegado el momento de actuar”, porque “no se juega con el futuro de los trabajadores ni de la economía” pese a que la solución no sea fácil. Y es que la salida pasa por fortalecer el carácter mixto y tripartito del sistema de pensiones. Empresas, trabajadores y el propio Estado deberán arrimar el hombro y aportar más dinero.

Se trata de crear un “pilar de ahorro colectivo solidario” (¿les suena?), ha insistido para aclarar que con el dinero que se recaude una parte se destinará a elevar las pensiones y otra a lograr más equidad en las pensiones futuras de los trabajadores que ahora contribuyen con su dinero. También pretende fortalecer los fondos solidarios de invalidez y vejez. Vamos, un sistema público como el que tenemos en España, que hasta no hace mucho era la envida de la mayoría de los países, incluidos los ciudadanos estadounidenses.

Y por cambiar también quiere que el Estado intervenga en los fondos privados existentes, introduciendo nuevas regulaciones, porque es en ellos donde se encuentran las cuentas individuales de los trabajadores. Con la nueva regulación se quiere introducir en las mismas bases del sistema privado una mayor equidad, eficiencia y, sobre todo, transparencia. Y ya puestos, ¿por qué no? Aprovechar estos cambios para que también desaparezca la discriminación hacia las mujeres que tienen esos planes privados, o hasta que los fondos de pensiones devuelvan a la cuenta del trabajador las comisiones cobradas en los períodos en que un afiliado obtenga rentabilidad negativa. Porque los fondos privados también tienen problemas, y no existe el colchón del papá Estado para tapar los agujeros. Es decir, los que pagan siempre son los mismos, los pensionistas.