Montesquieu no ha muerto porque lo asesinan todos los días. ¿Cuántas veces hemos oído que la democracia son formas? La mayoría del soberano, directamente representado en el Congreso de los Diputados decidió el 7 de abril apelar al Tribunal Constitucional ante la decisión del Gobierno en funciones de no acatar el control del Parlamento. Todos los diputados, menos los del PP, votaron a favor de que el tribunal de garantías constitucionales, que es tanto como decir democráticas, decidiese sobre el conflicto planteado por la insumisión gubernamental, abanderada por la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría para no molestar al de Pontevedra.

La ristra de ministros insumisos al control y renuentes a las explicaciones fue bastante escandalosa porque gran parte de los asuntos sobre los que les pedían explicación también lo eran. ¿No era acaso escandaloso con nocturnidad y alevosía la evasión fiscal de los “papeles de Panamá” en la que brillaron con luz propia el ministro de Industria José Manuel Soria y la parienta en primer grado de Miguel Arias Cañete, exministro y comisario europeo? ¿O los pillajes y prestidigitaciones en Acuamed y en las obras públicas del Ave? ¿O en la renovación con dos años de anticipación del dominio a la antigua papelera Ence en la Ría de Pontevedra para seguir moliendo eucaliptus y contaminando sin tasa ni barrera las aguas y el aire, con el consiguiente daño humano, económico y ecológico? Luego, cuando los pontevedreses declararon persona non grata a Rajoy, dijo aquello de que “somos sentimientos y tenemos personas”. Se ve que las únicas que le importaban en este caso eran Isabel Tocino y el puñado de correligionarios instalados con unos sueldos macanudos en el consejo de adminsitración y los puestos directivos de la celulosa.

La impotencia del soberano ante la decisión del Ejecutivo en funciones de no dar explicaciones ni sobre el uso del fondo de reserva de las pensiones (casi 10.000 millones de euros en un mes) ni sobre el trato a los inmigrantes de las guerras de Siria y Libia ni sobre el envío de buques de guerra al mar Egeo y a otras latitudes del Mediterráneo ni siquiera contra los métodos de guerra sucia instigados por el titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, contra los nada honorables jerifaltes nacionalistas catalanes que utilizaban el poder para forrarse, como bien saben hacer otros nacionalistas españoles… La impotencia política del Parlamento no era soluble, como proponía Santamaría, esa gran jurista, acudiendo a los tribunales de justicia, sino reclamando explicación y responsabilidad política.

En esa tesitura, el Tribunal Constitucional recibió el escrito del Congreso el 9 de abril, lo admitió a trámite dos meses después, el 9 de junio, abrió el periodo de alegaciones de 30 días (según previene el artículo 74 de la ley del propio TC), con lo que a partir del 9 de julio podía haber resuelto uno de los conflictos institucionales más graves e insólitos de la democracia española. Incluso agotando el plazo legal de treinta días para resolver, podía haber dictado su resolución el 9 de agosto. Pero no lo ha hecho. La presteza que cabía esperar del alto órgano de la dirección del Estado que nos cuesta 23 millones de euros al año brilla por su ausencia. Cierto es que el actual presidente, el exmilitante oculto del PP Francisco Pérez de los Cobos, y los demás eminentes juristas designados por simpatía política siempre tienen un recobeco legar, un “en todo caso” para tomarse el tiempo que les venga bien. Todos sabemos lo que nos ocurre si no presentamos las declaraciones fiscales en tiempo y forma. En cambio, a quienes rubrican con la velocidad caracol y la dulce far niente la burla formal a la democracia no les cae ni un reproche. ¡Ah! Y el día después de la ascensión de la Virgen María, o Virgen de agosto, en el Constitucional seguía sin descolgar el teléfono portavoz autorizado alguno.