La ley de la ciencia y el dilema de Medea

04/05/2011

José María Fernández-Rúa.

No hubo luz ni taquígrafos en Pamplona, como todos los encuentros que lleva a cabo el Centro de Políticas Públicas y Gobierno de la Universidad de Alcalá (CEPPYG)., cuando parlamentarios y científicos se reunieron a puerta cerrada en el Parlamento navarro, para hablar de ciencia e innovación. Pero sí hemos podido conocer parte de lo que se dijo allí y que, por su importancia, vamos a hacer una breve reseña en este espacio. Medio centenar de diputados, senadores, parlamentarios autonómicos y cargos políticos electos participaron en el primer Foro sobre Ciencia e Innovación, que forma parte del programa de este año del CEPPYG. Este Foro se ha convertido en un punto de encuentro, reflexión y debate, además de un referente para la clase política española. En el encuentro de Pamplona, dirigido por Pedro García Barreno, académico de la RAE y secretario general del Instituto de España se discutió sobre la cultura científica y la enseñanza de la ciencia; las instituciones públicas como empresas científicas (universidades, OPI, hospitales) y las relaciones entre estas instituciones públicas y el mundo empresarial. El Centro de Estudios de Políticas Públicas y Gobierno, que dirige Carmen Mateo desde su fundación, sigue la estela de los prestigiosos centros de estudios políticos existentes en otros países como Francia, Estados Unidos y Canadá. Sin duda, se trata del primer Centro español dependiente de una Universidad Pública que pone a disposición de los responsables de aplicar las políticas públicas y otras personas interesadas en las mismas un foro de reflexión y acercamiento a las nuevas corrientes de pensamiento, al desarrollo de políticas comparadas y a la resolución de los problemas de los países de nuestro entorno.

Presidido por el profesor Fernando Galván, Rector de la Universidad de Alcalá, el Comité de Dirección está compuesto por Virgilio Zapatero, vicepresidente de Bankia y director Académico del Centro; Manuel Marín, presidente de la Fundación Iberdrola; Antonio Garrigues, Presidente de Garrigues; Ana Palacio, ex ministra de Asuntos Exteriores y ex vicepresidenta del Banco Mundial; Luis Maldonado, Director General Adjunto de Bankia; Antonio Perez Mosquera, director general de MSD España; Regina Revilla, directora de Relaciones Externas de MSD España, y Carmen Mateo, presidenta de Cariotipo MH5.

A tenor de lo expuesto, cabe recordar que las Escuelas de Política y Gobierno son toda una institución en distintos países de nuestro entorno. Potencias mundiales, entre las que se encuentran las democracias más antiguas europeas, como Francia e Inglaterra, y otras, como Canadá y Estados Unidos, cuentan con centros políticos muy consolidados. Su trabajo, a lo largo de muchos años, ha aportado los instrumentos necesarios para la toma de decisiones de los gobernantes, organizaciones y partidos políticos, llegando a crear líderes duraderos y fuertemente comprometidos con el servicio público a la sociedad.

Dicho esto, unas pinceladas sobre las críticas, que las hubo, por parte de los científicos que participaron en este encuentro y que coincidieron en subrayar que cuando los gobiernos se plantean recortes o dudan del papel de la ciencia y la tecnología, se producen tensiones que ponen en grave riesgo la investigación científica institucional.

La investigación en la Universidad y en los Organismos públicos es un blanco fácil, porque mucha gente no es consciente del papel crítico que representa. Pueden pasar años de intensa investigación científica antes que las tecnologías emergentes puedan acceder al mercado. Pero la historia ha demostrado que la investigación científica de calidad, con objetivos ambiciosos, financiada con capital público, es la base para mantener el sistema de ciencia y tecnología  y crear el ambiente de confianza empresarial, necesarios para la innovación tecnológica. Así se expresó el director del curso, Pedro García Barreno, que concluyó su crítica intervención destacando que, en la actualidad, los datos apuntan que la economía y el bienestar de los ciudadanos se hallan sobre arenas movedizas. Y los dos factores, claves para la convivencia social, dependen de tres productos básicos de nuestras instituciones: buena ciencia, nuevas tecnologías y científicos e ingenieros bien formados.

Escenificando cada una de las afirmaciones que realizaba, no solo con sentimiento sino también con profundo conocimiento de lo que iba relatando, el profesor Joan Guinovart no tuvo reparo en subrayar públicamente que los centros de investigación públicos se encuentran sumidos en una grave crisis. Por un parte las universidades están organizadas para la docencia y les resulta muy difícil adaptarse a la investigación de punta, que es interdisciplinar. Por la otra,  los OPI clásicos, fuertemente centralizados, no han sabido adaptarse y han perdido capacidad competitiva. En su opinión la conversión del CSIC en agencia no ha dado los resultados apetecidos y la Institución está al borde del colapso. Los hospitales luchan para encontrar una fórmula eficaz que les permita convertirse en auténticos centros generadores de conocimiento. La nueva Ley de la Ciencia, poco ambiciosa, no se ha atrevido a plantear la reforma del sistema en profundidad, retrasando ad calendas graecas los cambios que sería preciso acometer.

La nueva Ley de la Ciencia –dijo- ha preferido seguir con el modelo funcionarial recordando el dilema de Medea: “Ve lo que es bueno y lo aprueba, pero elige lo que es peor”

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