Nuevo juicio contra líderes sindicales. En esta ocasión, y después de la absolución de los ‘Ocho de Airbus’, acusados de desórdenes a las puertas de la planta aeronáutica en Getafe, le toca el turno a Juan Carlos Asenjo y Alberto Pérez Mayoral, de la sección sindical de Comisiones Obreras (CCOO) en Casbega, una de las distribuidoras de Coca-Cola.

Las organizaciones sindicales se enfrentan nuevamente a la justicia con la petición del fiscal, que solicita más de tres años de cárcel por los delitos de lesiones, coacciones y atentado, a los citados dirigentes sindicales. Asenjo y Mayoral se sentarán mañana jueves en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal número 5 de Getafe, al sur de Madrid.

Conflicto por la distribución

Según informa CCOO, la petición de la fiscalía se produce después de una protesta de los sindicalistas frente a la sede del ayuntamiento de Leganés. Con esta acción, Asenjo y Mayoral trataban de impedir que el Consistorio otorgase licencia administrativa a la embotelladora del refresco para abrir una nueva planta logística en el municipio. Según los sindicatos, esta nueva planta hubiera sustituido a la planta de Fuenlabrada, asumiendo su carga de trabajo.

Según CCOO, la protesta frente al ayuntamiento de Leganés “no pretendía en absoluto amenazar ni coaccionar ni atentar contra las autoridades”. Se trataba en cambio de “reinvindicar que la carga de trabajo que se debe atribuir a la planta de Fuenlabrada no fuera nuevamente sustituida, y desplazada a una plataforma logística cuya licencia y autorización administrativa debía ser efectuada por el ayuntamiento de Leganés”, explica un portavoz.

Desplazamiento de la carga de trabajo

El sindicato recuerda otra decisión judicial, como fue la anulación del despido colectivo por parte de la Audiencia Nacional. Y destaca que esta anulación se debió fundamentalmente a la “sustitución de carga de trabajo” perteneciente a la planta de Fuenlabrada por parte de Coca-Cola Iberian Partners, y su atribución a otras plataformas logísticas. “Fue lo que determinó la nulidad”, insisten.

La central – que ya tuvo que lidiar contra la acusación de los llamados ‘Ocho de Airbus’ – carga contra la Fiscalía, a la que acusa de estar “instrumentalizada” a fin de “reprimir” y “castigar penalmente” la labor sindical.

“Nuevamente la fiscalía es instrumentalizada para efectuar una interpretación excesiva de preceptos legales, y reprimir a los sindicalistas cuando estos participan en actos de protesta y reivindicación de derechos laborales”, exclaman de la central, que reitera su “apoyo y solidaridad” con los dos sindicalistas encausados.

Desde hace meses, CCOO y UGT reclaman la supresión del artículo 315.3 del Código Penal cuya aplicación pesa sobre 300 sindicalistas a los que se reclama penas de cárcel por la supuesta comisión de diferentes delitos durante su participación en piquetes informativos en la huelga general de 2010.