El curso que ahora comienza debe ser el de la implantación plena de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), ya que según el calendario este año educativo finaliza la implantación de la Secundaria Obligatoria (2º y 4º) y del Bachillerato, con la entrada en vigor del 2º curso. Sin embargo, se vislumbra un horizonte de inquietud e inestabilidad debido a la indefinición política en que estamos inmersos. En esta nebulosa que ensombrece la serenidad del mundo educativo destacan las polémicas evaluaciones finales de Secundaria, popularizadas como “reválidas”.
En efecto, las “reválidas” vigentes desde el 31 de julio pasado, han sido fuertemente contestadas por partidos políticos y comunidad educativa y son las únicas medidas de la Lomce que tardarán unos meses en ponerse en marcha. Ninguna de las dos este curso condicionarán para la obtención del título de la etapa, tal y como recoge el decreto que las regula, pero la de Bachillerato, sin embargo, sustituirá a la Selectividad.
Por otra parte, el fracaso de la investidura de Mariano Rajoy, el acuerdo entre PP y Ciudadanos de congelar la “’Ley Wert” se convertiría en un nuevo elemento de inquietud para profesores y alumnos, obligados a esperar si se mantiene o no el calendario de la Lomce.
A los interrogantes sobre el devenir de la Lomce, por los avatares políticos, se une el hecho de que la mayoría de las comunidades autónomas se han opuesto al decreto que regula las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato y han reclamado al ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, una Conferencia Sectorial de Educación para tratar este asunto.
Hasta ahora, los gobiernos de Aragón, Andalucía, Cataluña, Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura han anunciado que van a interponer un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir la suspensión cautelar de las pruebas.
No obstante, estas circunstancias no impiden el comienzo del curso en el que el mínimo de días lectivos será de 175, distribuidos de forma homogénea según la comunidad y el tramo educativo de que se trate.
En este arranque de la actividad escolar, llama la atención el calendario de Cantabria, con una semana de vacaciones por cada dos meses de clase, una medida que para los padres no responde a criterios pedagógicos sino a cuestiones laborales de los docentes.
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