Rita Barberá ha solicitado su baja en el PP a petición de la dirección del partido pero mantiene su escaño en la Cámara Alta, lo que la llevará ahora a incorporarse al Grupo Mixto.

Esta decisión se anuncia un día después de que se haya conocido que el Tribunal Supremo investigará a Barberá por supuesto blanqueo de dinero del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia cuando era alcaldesa de la ciudad.

En las últimas horas horas, PSOE, Podemos y Ciudadanos han coincidido en pedir la dimisión de Rita Barberá y los ‘populares’ son conscientes de que este asunto perjudica las posibilidades de Mariano Rajoy de formar gobierno. Además, los ‘populares’ no quieren que este caso pueda afectar a las campañas gallega y vasca. El candidato a lehendakari del PP vasco, Alfonso Alonso, ha afirmado esta misma mañana que, si Barberá «no toma una decisión adecuada hoy, la tendrá que tomar la dirección del partido». Por su parte, el candidato a la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha instado a la exalcaldesa a «pensar» en el PP y poner «sus legítimos intereses personales en segundo lugar».

Pese a la presión creciente en las filas del PP para que se marchara, ‘Génova’ no ha conseguido que voluntariamente renuncie a su acta de senadora. Desde el primer momento Barberá ha dejado claro que quiere seguir siendo aforada, según fuentes ‘populares’ consultadas por Europa Press, que apuntan a que tiene en mente el antecedente del exministro socialista José Blanco, imputado y archivado después su caso.

La exregidora admite que la «muy dolorosa» decisión de abandonar el PP le permite, sin embargo, «actuar en plena libertad sin estar sometida a disciplina alguna» para ejercer su «defensa de acuerdo con el artículo 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el 24.2 de la Constitución Española en los tribunales correspondientes contra las personas que hayan vulnerado el principio irrenunciable de la presunción de inocencia».

Ante el auto del Supremo, Barberá asegura que se trata de una resolución por ella «esperada», ya que existe un procedimiento judicial previo en el que se investiga a otras 49 personas «por el hecho objetivo de haber realizado una aportación de 1000 euros destinados a la campaña electoral». A su entender, sería «incoherente» no llevar a efecto este inicio de investigación pese a «no existir» testimonio «directo de incriminación».

La senadora recalca que de esa resolución se desprende que «no goza de ningún privilegio, tal y como se ha intentado hacer creer a la opinión pública en burda manipulación, interesada políticamente». «Es mi interés y deseo el más pronto inicio de las diligencias que den lugar a mi declaración en el menor tiempo posible para el esclarecimiento definitivo de la inexistencia de ilícito alguno», añade.

Barberá concluye el comunicado con la siguiente frase: «Yo seguiré trabajando con más fuerza si cabe por mi tierra, que es más que Valencia, porque es España. Esa España democrática, libre y constitucional que la mayoría deseamos».