José Antonio Griñán y Manuel Chaves

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado este jueves que los 18 procesados por delitos de malversación de caudales públicos en relación con los ERE, entre ellos el expresidente José Antonio Griñán, devuelvan a la Hacienda Pública andaluza, de forma solidaria, 741,59 millones de euros.

El escrito remitido por la Fiscalía al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y consultado por Europa Press recoge así que los presuntos autores del delito de malversación responderán solidariamente de la devolución a la arcas públicas del total de los créditos destinados a la concesión de las ayudas sociolaborales por parte de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo en el periodo 2000 a 2010 del programa 31L y 22E, que se cifra un total de 741.596.545.

El mismo escrito detalla por años las cantidades en las que se cuantifica el fraude siendo la correspondiente a 2008 la más elevada, algo más de 102,7 millones de euros, que deberían abonar de forma solidaria el expresidente José Antonio Griñán y los exconsejeros Francisco Vallejo, Antonio Fernández o Carmen Martínez Aguayo o el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, entre otros.

A Griñán, y también a Vallejo o a la que fuera consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, entre otros, la Fiscalía pide la devolución solidaria de 483,9 millones de euros por la cuantía del fraude supuestamente cometido entre los años 2005 y 2010.

De los exconsejeros, es Antonio Fernández el que está encausado por el fraude durante todo el periodo 2000-2010 y, por lo tanto, en la devolución solidaria de los 741 millones de euros totales; mientras que a José Antonio Viera le reclama, junto a otros procesados, 257,6 millones de euros correspondientes al lustro entre 2005 y 2010.