El Banco Central Europeo (BCE), que tiene en su radar a la banca portuguesa por la problemática situación del Novo Banco (la parte ‘buena’ del quebrado Banco Espírito Santo) o las dificultades para el saneamiento de la estatal Caixa Geral (primera entidad financiera del país), exige a los accionistas del Banco Portugués do Investimento (BPI) una solución definitiva al ‘culebrón’ que se ha convertido el conflicto por el control de la entidad.

En el BCE y en el Mecanismo Único de Supervisión (MUR) critican que los propietarios del quinto banco de Portugal estén enfrascados en una guerra por impedir que el mayor accionista tome el control, cuando deberían concentrar todos sus esfuerzos en garantizar su viabilidad.

El cuarto banco privado de Portugal tiene un accionista mayoritario, CaixaBank, que controla el 45,16% del capital. Pero únicamente puede ejercer el 20% de sus derechos de voto, por la limitación existente en los estatutos del banco. El grupo español lleva mucho tiempo tratando de que los restantes grandes accionistas del BPI, fundamentalmente la multimillonaria angoleña Isabel Dos Santos, que tiene una participación del 18,6%, permitan la supresión de ese blindaje, que prácticamente ya no existe en ninguna otra entidad financiera de la Unión Europea.

Tras tener que retirar el año pasado una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el capital que no controla del BPI, precisamente porque la junta general de accionistas no aprobó el cambio de estatutos, CaixaBank ha lanzado una segunda oferta, también condicionada a la supresión de los límites al derecho de voto.

La realidad es que la cotización del BPI está muy por debajo de lo que ofrece el banco del grupo La Caixa en la OPA (1,113 euros) y ha estado a punto de bajar del psicológico listón del euro por acción.

Espada de Damocles

Este hecho juega a favor de CaixaBank. Como la espada de Damocles que supone para el BPI, y para sus accionistas, la sanción del BCE por incumplir el plazo para desprenderse de los activos que tiene el banco en Angola, básicamente la participación en el BFA, el grupo de Isabel Dos Santos.

Con el argumento de que Angola, antigua colonia portuguesa, carece de un sistema de supervisión bancaria equiparable, aunque sea mínimamente, al europeo, el BCE impuso al BPI un calendario para la reducción de la exposición a este país africano. El plazo para deshacerse de los activos angoleños venció el 10 de abril, pero el BCE decidió dar más tiempo al banco portugués, a la espera de que se resuelva la OPA presentada por Caixabank. El nuevo plazo para evitar la sanción expira en octubre.

El problema es que la junta general de accionistas que debe suprimir el límite a los derechos de voto se ha aplazado en dos ocasiones, la última el 6 de septiembre. La nueva convocatoria a los accionistas del BPI es el 21 de septiembre, que se considera como la última oportunidad para dejar encarrilado el futuro del banco portugués.

En los aplazamientos de las juntas del BPI tiene mucho que ver un inversor minoritario (tiene una participación del 2,6%), el portugués Holding Violas Ferreira, que ha declarado de forma pública en varias ocasiones su oposición a cambiar los estatutos del banco y, por tanto, a que CaixaBank tome el control de la entidad.

Esa sociedad, a quien muchos consideran como una ‘marioneta’ de Isabel Dos Santos, acudió a los tribunales para evitar que se vote en la junta general de accionistas la supresión del límite al derecho de voto.

Nadie quiere mover ficha hasta conocer la decisión del juez al respecto. Todos confían en que ésta se haga pública antes del 21 de septiembre, se pueda celebrar la junta extraordinaria de accionistas, y votar la supresión del anacrónico blindaje.

El BCE cree que el BPI, ya gestionado por CaixaBank como accionista mayoritario, cumplirá con su compromiso de deshacerse de los activos angoleños.

La paciencia de CaixaBank

En este escenario, CaixaBank reitera que “no vamos a subir el precio ofrecido por la OPA”, como señaló su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, en el Foro Nueva Economía el 14 de septiembre. Cierra así la puerta a presiones de accionistas del BPI para sacar más dinero por la venta de sus participaciones.

La toma del control del banco portugués sigue condicionada a la supresión de la limitación de los derechos de voto, ya que esa cortapisa “no tiene sentido” cuando afecta al accionista mayoritario de una entidad financiera.

En CaixaBank, como ya hizo Gortázar en ese escenario, declina comentar las especulaciones sobre una intervención del Banco Central Europeo para ‘desatascar’ el asunto, aunque reconoce que “los rumores indican”.

Pero el principal mensaje de Gortázar y del grupo La Caixa es que tendrán “toda la paciencia para buscar la mejor solución”, siempre dejando muy claro que la junta del 21 de septiembre es “la última oportunidad”.

No está nada claro que el BCE sea tan paciente si el culebrón del BPI continúa.