La junta directiva de CEOE ha aprobado la presentación de un recurso contra la Resolución de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal por la que se aprueba la convocatoria del año 2016 para planes de formación de trabajadores ocupados a la que se han destinado un total de 250 millones de euros, según informa la patronal.

La empresarial considera que el Gobierno tomó la decisión “unilateral” de excluir a patronal y sindicatos del “órgano colegiado” que informa sobre el resultado de la evaluación de las solicitudes que se presenten a dicha convocatoria.

Esta decisión, enfatiza CEOE, fue además tomada con posterioridad a la aprobación de dicha convocatoria en el Patronato de la Fundación Estatal, la antigua Fundación Tripartita.

La patronal culpa al Gobierno de que, “por primera vez en la historia” del sistema de formación para el empleo, las organizaciones empresariales, sindicales y la mayoría de las comunidades autónomas presentes en dicho patronato, quedaran desvinculadas de la convocatoria.

Fondos no finalistas

El recurso de CEOE alega que se ha producido una “irregularidad presupuestaria” al derivarse discrecionalmente a otros conceptos fondos que sólo deberían destinarse a la formación de trabajadores ocupados.

CEOE concluye afirmando que tiene la “mano tendida” para negociar con el Gobierno la corrección de las “deficiencias” del modelo actual de formación para el empleo.

El recurso no va a pedir medida cautelar alguna, como sería la suspensión de la convocatoria, al objeto de no paralizar la formación de nuestro país.

Fondos de 2016 sin asignar

Por su parte, el sindicato CCOO también ha reclamado al Gobierno que el dinero de la formación no se considere ahorro o tenga otros destinos sino que se dedique efectivamente a la formación de los trabajadores. En concreto, el sindicato denuncia que “una parte importante” de los 714 millones de dotación prevista en el Plan anual de Políticas de Empleo para 2016 “se queda sin aplicar”.

CCOO denuncia que a día de hoy, el Gobierno aún no ha presentado la orden de reparto y asignación de fondos a las comunidades autónomas del plan anual de política de empleo (PAE) 2016, publicado el 31 de agosto y con seis ejes de actuación previstos, como son, orientación, formación, oportunidades de empleo, igualdad, emprendimiento y mejora del marco institucional.

Los 714 millones deben transferirse a las comunidades autónomas para financiar acciones formativas realizadas durante 2016; 600,8 millones para desempleados y 113,8 para ocupados, destaca CCOO, desde donde enfatizan que este dinero proviene de las cotizaciones a la Seguridad Social, ha sido ingresado previamente por trabajadores y empresas y solo puede destinarse a formación.

CCOO reclama 1.000 millones

Según CCOO la Administración establece un sistema de pago a año vencido, una vez justificados los gastos por parte de los territorios. Sin embargo la demora en el pago y la falta de liquidez que padecen las comunidades autónomos provoca que apenas se dedique un 60% de lo previsto y que en algunas comunidades el grado de realización financiera sea simbólico: Madrid y Andalucía apenas llegan al 10% y comunidades como Galicia, Castilla-la Mancha o la Comunidad Valenciana, oscilan entre el 20% y el 37%, afirma el sindicato que maneja datos procedentes del informe de ejecución del Plan Anual de Evaluación de la Calidad, Impacto, Eficacia y Eficiencia del Conjunto del Subsistema de Formación Profesional para el Empleo de los ejercicios 2012-2013, realizado por el Sistema Nacional de Empleo.

Según este informe, solo en el año 2013, las comunidades autónomas no aplicaron 500 millones de euros previstos para acciones de formación para el empleo, reiteran.

CCOO cree que “se han perdido” 1.089 millones de euros, ingresados para financiar acciones de formación durante 2014 a 2016 a través de convocatorias estatales y acciones programadas por las empresas, afirman citando los datos de ejecución presupuestaria del Servicio Público de Empleo Estatal.

“Estos remanentes en ningún caso pueden considerarse ahorro, sino un despilfarro de ineficacia política, y de ausencia de voluntad y compromiso por parte de la Administración con sus propias políticas de empleo y formación”, critican.

CCOO reclama que los más de 1000 millones de euros no gastados sean reanualizados en cumplimiento de la ley.