El Pleno del Tribunal Constitucional poco antes de las doce la noche, hora a la que se daba el pistoletazo de salida de la compaña electorial, rechazó la ponencia del magistrado Francisco Hernando que pedía la prohibición de la coalición Bildu. Seis votos en contra de la ponencia y cinco a favor han dado vía libre a Bildu. Es de esperar que, por la misma mayoría, se vote la ponencia que avala para que se presente a las próximas elecciones locales el próximo 22 de mayo.

De los cinco magistrados que votaron a favor de la ponencia para prohibir la coalición vasca, cuatro los había propuesto el PP -partidario de respaldar la ponencia-, y a ellos se sumó Manuel Aragón. En contra de la ponencia votaron el propio presidente del TC, Pascual Sala, así como los magistrados  Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asua.

Esta votación a contrarreloj se ha producido después de que la la Sala Segunda del Tribunal Supremo estimara el recurso de amparo interpuesto por Gustavo Fernández villa, el único integrante de la candidatura independiente de Zalduondo, pequeña localida de Álava, que podrá concurrir a las elecciones. La lista independiente de Zalduondo es la única de las 11 agrupaciones electorales ilegalizadas por el Supremo que recurrió ante el Constitucional. Fernández Villate reunió 39 avales, casi la cuarta parte del censo de su pueblo.

En la sentencia se reprocha al Tribunal Supremo que anulara las candidaturas de once agrupaciones electorales a las elecciones del 22-M pese a considerar que no existían pruebas de «intensidad suficiente» que demostrarn la finalidad de continuar la actividad de la ilegalizada Batasuna.

Los magistrados señalan que, según la jurisprudencia constitucional, solo es posible tener en cuenta la anterior vinculación a un partido político cuando se produce una «unión de otros indicios» a fin de poner anular una candidatura.  «Es de lamentar que no lo haya entendido así la sala juzgadora», justifica la sentencia en referencia al Supremo, para añadir que impedir a una persona concurrir a las urnas por este motivo «operaría ya como una causa de inelegibilidad que no figura ni podría figurar en nuestro ordenamiento».

El Supremo vetó su candidatura porque Fernández Villate formó parte en 2003 de la plataforma AuB a las Juntas Generales de Álava, con la que Batasuna intentó sin éxito bular su ilegalización. Según un informe policial tenido en cuenta por la Sala del 61, fue detenido el 16 de noviembre de 2004 por figurar en la documentación intervenida al cabecilla de ETA Ibon Fernández Iradi, alias ‘Susper’.

Fernández Villate junto al recurso presentado ante el TC adjuntó una declaración en la que expresaba su «oposición por todos los medios a  cualquier actividad contraria a los derechos humanos y al uso de la violencia, «inclusive la que pudiera realizar la organización ETA».