Siguen las cuestiones previas, las menos ‘periodísticas’, pero la segunda sesión del juicio sobre las tarjetas ‘black’ en Caja Madrid y Bankia aporta nuevos y escandalosos datos. Los usuarios de las polémicas tarjetas pedían con insistencia a la entidad que se aumentara el límite de gasto mensual. Cada titular de una de estas tarjetas contaba con un límite de gasto mensual propio que oscilaba entre 3.000 euros y 8.000 euros.

La actual Bankia aportó al tribunal una serie de correos electrónicos entre departamentos internos de control de tarjetas, y al que de forma recurrente se dirigía el exdirector general de Caja Madrid y de Bankia Ildefonso Sánchez Barcoj, que era el que gestionaba las solicitudes, además de pedir más capacidad de gasto también para sí mismo.

Entre los peticionarios figuran exdirectivos, como Matías Amat, Mariano Pérez Claver, Ramón Ferraz; el expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa.  En todos los casos las peticiones fueron atendidas.

Por ello, resultaba indispensable conocer el contenido de esos correos, intercambiados entre departamentos internos de la caja y que contenían información particular de los usuarios. Esos correos, intercambiados «por empleados de Bankia y que son propiedad de la entidad, y por lo tanto no se ha vulnerado ningún derecho ya que las conversaciones intervenidas no tienen carácter íntimo,» son de «una indudable relevancia». El derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones «no son derechos absolutos, sino que están limitados a la salvaguarda de intereses constitucionales».

El Ministerio Fiscal «tiene toda la legitimidad para pedir los cargos de una tarjeta de crédito, datos de cuentas, préstamos, operaciones de todo tipo, cheques, transferencias», y está especialmente habilitado para la investigación de operaciones bancarias y financieras, e incluso para solicitar datos tributarios.

Luzón insiste en que, si bien la Fundación Cajamadrid es la heredera de la extinta entidad, Bankia continuó con el negocio bancario, y en su seno se volvieron a reproducirse estas conductas con Rodrigo Rato como presidente. Además, resulta evidente que Bankia fue perjudicada por los gastos de las tarjetas «opacas», razón por la que la entidad instó a todos los usuarios a que restituyeran las cantidades al banco.

En cuanto a la petición de varias de las defensas sobre la prescripción de los delitos, «está más claro de lo que parece», ya que tal y como está redactada la acusación el plazo de prescripción es de 10 años y no de 5, como alegan éstas.

Frob y Bankia, perjudicados

Los abogados de la acusación que representan al Frob y a Bankia subrayan la condición de perjudicados de éstos, por la inyección de dinero público y porque la entidad financiera heredó el negocio bancario de Caja Madrid. El Frob tuvo que afrontar el «costosísimo saneamiento del Grupo BFA Bankia», y su mandato legal señala que debe procurar que los administradores de las entidades financieras respondan de los daños y perjuicios causados a éstas,

También subrayan que la auditoría interna de Bankia muestra que los gastos no estaban derivados de sus funciones de representación en la entidad sino que se trataba de gastos particulares.