A lo largo de este mes el grupo tecnológico y de energía renovables Abengoa espera lograr el apoyo de los acreedores que representen el 75% de la deuda financiera y cerrar así la crisis que saltó hace ahora más de un año. Es casi el último paso, además las fases ya superadas y las condiciones pactadas son una sólida base para estimar que lograrán el respaldo necesario al plan de reestructuración. Así, después de la luz verde y de otros trámites legales, la dirección podrá pedir al juez el levantamiento del preconcurso de acreedores.

Aunque el proceso de adhesiones se inició el pasado lunes, 26 de septiembre, la compañía ya partía en realidad con el apoyo de casi el 30% de la deuda que representa parte de la banca y de los fondos. El plazo termina el 25 de octubre, debido a que las legislaciones que afectan a algunas de las entidades extranjeras precisa de un periodo de un mes para suscribir o no el acuerdo.

Los bancos y los fondos que entran en el capital asumen una quita del 70% y el canje del resto de la deuda por acciones. De esta forma, la banca se hará aproximadamente con un 45% de las acciones (un 5% debido a los avales que ha proporcionado) y los fondos, con el 50%. En total se trata de unas 100 entidades. Sólo el 5% se mantendrá en manos de los actuales accionistas como la familia Benjumea. El conjunto del proceso será llevado a una junta extraordinaria de accionistas que está previsto que se celebre a mediados de noviembre.

Un factor clave que ayuda a que acuerdo se cierre con éxito son las condiciones que tendrán que aceptar los acreedores que no suscriban el plan: una quita del 97%, con el 3% resto pagado con un bono a 10 años, sin pago de intereses.

En el encaje de inyecciones de dinero para tapar los ‘agujeros’, el acuerdo incluye que la compañía cuente con una aportación de liquidez por parte de los fondos por 1.170 millones que estarán destinados a pagar los vencimientos de deuda más inmediatos y otros gastos.

Si bien, la compañía -que ha sido y sigue siendo uno de los referentes tecnológicos de la industria española- que saldrá de este plan de salvación no será la misma de antes del preconcurso. Además de la venta de activos -el plan pactado eleva las desinversiones a 1.500 millones-, la plantilla se ha reducido en 9.000 personas hasta 17.000 empleados, sin descartar más ajustes. Abengoa, que ya vendió parte de su filial de Estados Unidos Atlántica Yield, se desprenderá del 41,5% que todavía está en sus manos, así como de una planta de cogeneración en México. En total podría ingresar del orden de los 1.300 millones de euros.

En estas semanas se cerrará el pacto para formar el consejo de administración que estará dominado, de una forma u otra, por las dueños de Abengoa: las entidades acreedoras. No obstante, bancos y fondos parecen optar más por consejeros independientes, es decir, que no formen parte del alto staff de sus entidades, aunque lógicamente deberán contar con su beneplácito.

En paralelo se ha agudizado el problema legal que afecta al actual presidente  Antonio Fornieles. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le ha citado a declarar como investigado el próximo 6 de octubre por la aprobación de las indemnizaciones que percibieron el expresidente Felipe Benjumea y su exconsejero delegado Manuel Sánchez Ortega poco antes de la presentación del preconcurso de acreedores. Se da por hecho que se mantendrá el consejero delegado Joaquín Fernández de Piérola. Como presidente uno de los nombres que están en la lista es Gonzalo Urquijo, presidente de Arcelor.

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