
Así lo han ratificado los máximos responsable de las 76 universidades públicas y privadas en la Asamblea general de Crue que se acaba de celebrar en Santiago de Compostela.
Esto significa que las carreras que ya existían antes de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), más conocido como Bolonia, y que fueron adaptadas al nuevo modelo mantendrán su carga lectiva en 240 créditos, que se impartirán en los mencionados cuatro años, ya que el máximo anual es de 60 créditos.
El presidente de Crue, Segundo Píriz, explicó que antes del Plan Bolonia el 55% de las carreras se impartían en cinco años (licenciaturas o ingenierías) y el 45% restante en diplomaturas o ingenierías técnicas, por lo que, en su opinión, sería “paradójico” reducirlos. Píriz indicó que una orden ministerial «podría fijar» que todas las universidades españolas adoptaran títulos de Grado de una duración de cuatro años.
El cambio en la duración de las carreras arrastra dos años de polémicas e incluso de fricciones entre la comunidad universitaria y el Ministerio de Educación. Hay que recordar que el “decreto 3+2”, el ‘decreto 3+2’, impulsado por el exministro José Ignacio Wert y aprobado por el Gobierno en enero de 2015 para aplicarlo el curso pasado (2015-2016), permite que las universidades oferten grados de tres años de duración, en lugar de cuatro, y aumenten los másteres de un año a dos, como ocurre en varios países europeos.
El decreto ha sido objeto ya de dos moratorias respecto de la fecha de su aplicación. Los rectores, que en su mayoría, siempre han defendido el modelo 4+1( cuatro años de Grado y uno de Master), acordaron en 2015 y en 2016 sendas moratorias para evitar que las universidades ofertaran grados de tres años el curso pasado y éste, mientras acordaban unos criterios comunes. Consideran que un alumno no puede lograr el mismo grado de competencias estudiando un año menos.
En marzo pasado, cuando acordaron la segunda moratoria, los rectores decidieron asimismo que la aplicación del decreto el curso 2017-2018 se limitara a grados totalmente nuevos, que no tuvieran ninguna semejanza con los ya implantados. Se trataba de una decisión vinculante, hasta el extremo de que si alguna universidad integrada en Crue vulneraba el acuerdo podría ser expulsada de esta organización.
Ante la situación creada, el ministro en funciones Íñigo Méndez de Vigo ofreció a Crue la creación de una comisión mixta para buscar una solución y «poner orden» a la aplicación del polémico decreto. Los rectores pidieron al Ministerio que estableciera unos requisitos mínimos o un listado de titulaciones «intocables» de cara al curso próximo.
Méndez de Vigo sostiene que determinadas carreras, como Derecho, que él estudió en cinco años, pudieran pasar a durar tres años. «Sería muy extraño y es algo que hay que evitar», aseguró Méndez de Vigo, a Ep, al tiempo que avanzaba que las conversaciones con los rectores iban por «buen camino» y que podrían materializarse con un listado de titulaciones intocables a través de una orden ministerial.
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