A partir del 1 de enero de 2017, el Banco Central Europeo (BCE) aplicará un criterio más restrictivo para sus operaciones de refinanciación de los bancos. La institución ha decidido introducir cambios en los criterios de admisión de activos de garantía y en las medidas de control de riesgos aplicables a los instrumentos de deuda senior no garantizados emitidos por entidades de crédito (o por empresas de servicios de inversión o entidades estrechamente vinculadas a ellas), lo que se conocen como bonos bancarios no garantizados (‘unsecured bank bonds’ o UBB).

El BCE mantiene «por el momento» la aceptación de estos bonos bancarios no garantizados, incluidos los UBB subordinados por ley que no estén también subordinados contractualmente, que hubieran dejado de ser admisibles el 1 de enero de 2017. Esa admisibilidad estará sujeta «a medidas de control de riesgos adicionales», precisa el BCE , que ha decidido reducir el límite de uso de los bonos bancarios no garantizados del 5% al 2,5% a partir del 1 de enero de 2017.

Este límite no será aplicable en dos casos:

1.-cuando el valor de los bonos no sea superior a 50 millones de euros después de cualquier recorte de valoración aplicable

y 2.-cuando estos bonos estén avalados por una entidad del sector público con derecho a recaudar impuestos, mediante un aval que cumpla las condiciones del artículo 114 de la Orientación del BCE sobre la aplicación del marco de la política monetaria del Eurosistema (Orientación sobre la Documentación General).

El BCE justifica ese cambio por la aplicación de la Directiva sobre Reestructuración y Resolución Bancaria en los Estados miembros de la Unión Europea (UE), la cercanía del requerimiento mínimo de fondos propios y pasivos admisibles (MREL, en sus siglas en inglés), y en la necesidad de las entidades de importancia sistémica global decumplir los nuevos requerimientos sobre la capacidad total de absorción de pérdidas (TLAC, en sus siglas en inglés).

En realidad, con esta decisión lo que hace el BCE es presionar para que se acuerde un enfoque común en la UE en relación con el orden de prelación de créditos en insolvencias y resoluciones bancarias, ya que los Estados miembros de la Unión han adoptado normas diferentes.

«El BCE revisará esta decisión durante 2017, y el sistema de admisión de activos de garantía que se aplique finalmente a los UBB reflejará también los avances realizados hacia la consecución de un enfoque común en la UE», explican en el Banco Central.