En enero del 2011 anunció un alto el fuego permanente. La banda armada dejaba atrás los casi novecientos asesinatos y el casi centenar de secuestros, amén de los múltiples atentados. De una u otra manera aquella declaración suponía una rendición incondicional, con la mayoría de sus militantes dispersos por las cárceles españolas o francesas y con unos dirigentes que tenían que ser relevados cada cuatro días merced a la actuación policial.

Muchos partidos acogieron con escepticismo la declaración de la banda terrorista pero con el paso del tiempo cada vez más unos y otros se fueron convenciendo que esta vez el fin de la violencia iba en serio. El clima en el País Vasco cambió radicalmente y los guetos existentes que dividían la comunidad fueron desapareciendo. Incluso ha habido encuentros entre víctimas y verdugos.

Han pasado cinco años y mientras la banda terrorista ha cesado sus actividades los diferentes gobiernos españoles no se han movido, la política de dispersión carcelaria se ha mantenido y no ha habido el más mínimo interés en buscar soluciones políticas que permitieran superar el conflicto.

Eso sí, todos los partidos españoles celebraron el final feliz de la negociación entre los guerrilleros de las FARC y el Gobierno colombiano, pese que el referéndum del pasado día 2 obligue a los responsables políticos a un esfuerzo de imaginación para superar este escollo. Quizás sería bueno que también que los responsables políticos españoles tomaran ejemplo y pusieran algo de su parte para superar este conflicto. Lo estaban dispuestas a hacer los gobiernos del PP y del PSOE cuando negociaron con ETA, incluso estaban dispuestos a hacer concesiones políticas. Ahora las soluciones son simplemente penitenciarias y va siendo hora que empiecen a moverse para cerrar definitivamente el conflicto (lo que no significa olvidarlo).