Se levanta un teléfono y se fulminan todos tus derechos. No con la primera aplicación, no en el primer encuadre inocente de imagen, no en ese marco casi transparente de la vida imantada con su continuidad. No, es algo más profundo, una especie de latido de época que todavía no hemos asimilado del todo, una pérdida no únicamente de la privacidad, sino de todo el catálogo de derechos constitucionales: porque sin intimidad, sin la libre disposición del propio cuerpo sin estar sometido a un cerco de localizadores por satélite, con todo ese rastreo de cuanto decimos y hacemos, cada derecho se va desintegrando, se va desdibujando, es una silueta sin volumen. Alguien dirá: pues vive fuera de ahí. Es una posibilidad, que comienza a extenderse. Pero también es una forma, muy sencilla, de salirse de la singularidad que vivimos hoy.

Se trata, creo, de encontrar la manera de encauzar esta revolución de la intimidad vuelta escaparate más o menos lúdico, hacia un nuevo territorio jurídico que pueda defender nuestros derechos. En casos tan sangrantes como la difusión por Internet de grabaciones íntimas, el Derecho penal puede regirse como en los ámbitos tradicionales: todo aquello que se haga sin el consentimiento de un tercero, contra su voluntad, es punible. Porque una relación puede ser consentida, y su grabación –en una esfera íntima- puede ser consentida también; pero el hecho de haber aceptado esas dos premisas, esos dos niveles de confianza mutua, en nada autoriza al tercer nivel: el de su difusión pública. Sin embargo se hace, y es una canallada que requiere no sólo más denuncias, sino más protección para las víctimas, que encima sufren una condena social, cuando lo que han vivido ha sido una agresión, el aniquilamiento de todos sus derechos.

Si además nada ha sido consentido, y es una violación con grabación, y además se difunde, se multiplica el encanallamiento. Estos días vivimos. Rufianescos y oscuros. Hay que sobrevivirlos, con una aplicación que no ofrece ningún móvil: una cierta decencia.