UGT y CCOO han convocado un calendario de huelgas en Servicios Logísticos de Combustible de Aviación (SLCA) a partir del 28 de octubre y hasta el mes de febrero. Los paros, en distintas franjas horarias y en todos los turnos de trabajo, tienen como objetivo obligar a la empresa a “cumplir” el convenio colectivo, y modificar su política en materia de seguridad y de contratación.

La huelga, según los sindicatos, amenaza el suministro de combustible de una veintena de aeropuertos, e incrementa la posibilidad de retrasos a partir de esa fecha, lo que incluye no solo las vacaciones de Navidad, sino también los puentes de Todos los Santos, la Constitución y la Inmaculada.

Incumplimientos del convenio

Las centrales sindicales acusan al suminitrador aeroportuario, propiedad de Repsol y BP, de incumplir el convenio colectivo, vulnerar las obligaciones de información y consulta a los trabajadores, y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Además, reprochan a la empresa actuar con “arbitrariedad”y de forma “discriminatoria” al establecer la organización del trabajo.

A su vez afirman que la empresa incumple las resoluciones de la Inspección de Trabajo, y “sabotea” los acuerdos firmados el pasado 12 de febrero a fin de evitar este conflicto.

CCOO denuncia además que Servicios Logísticos de Combustible de Aviación modifica unilteral y sustancialmente las condiciones de trabajo en lo relativo a turnos y cuadrantes.

En concreto le acusan a incumplir los descansos mínimos a que obliga la legislación, y los acuerdos en materia de desplazamientos.

A su vez critican a la dirección por quebrantar el artículo sexto del convenio colectivo al contratar personal eventual en Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca e Ibiza, en lugar de hacerles fijos discontinuos.

Demandada por accidente mortal

La empresa, que está demandada por accidente mortal – según CCOO –, paraliza además la evaluación de riesgos psicosociales en todos los centros de trabajo salvo en el de Barcelona, y oculta los accidentes de trabajo presionando a los afectados a hacer trabajos alternativos, unas prácticas prohibidas por la legislación, siempre según CCOO.

Finalmente, la plantilla reclama finalizar la evaluación de riesgos psicosociales en toda la empresa y aplicar las medidas preventivas necesarias; acordar los procedimientos para ejercer los derechos de información, consulta y participación, así como alcanzar un compromiso para cumplir la legislación sin necesidad de acudir continuamente a la autoridad laboral.