PP, PSOE y Ciudadanos se han empeñado en judicializar la vida política catalana y pretenden que sean los jueces quienes les saquen las castañas del fuego. Flaco favor que le hacen a una ya no muy prestigiada justicia. Además el remedio puede ser peor que la enfermedad y como denuncian algunos estos partidos se están convirtiendo en una fábrica de independentistas.

El Tribunal Constitucional hace horas extras con Catalunya y la Fiscalía General del Estado no se cansa de poner denuncias, unas a instancias del Gobierno y otras por inciativa propia. De momento tres ex consejeros de la Generalitat (entre ellos su ex presidente) están encausados. Un concejal de Vic también ha sido citado a declarar por explicar como se hacia una tortilla mientras el tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Badalona rompió públicamente una resolución judicial, por la que también se le han abierto diligencias, que les prohibía abrir la casa consistorial el 12 de octubre como hicieron una cincuentena de ayuntamientos catalanes. La presidenta del Parlament también la hacen clienta de los tribunales mientras el Gobierno central insta día sí día también que el Constitucional recurra las resoluciones emanadas de la Cámara autonómica.

La amenaza de la inhabilitación para ocupar cargos públicos pende sobre la cabeza de los máximos dignatarios catalanes, pero todo hace prever que el desacato a las resoluciones judiciales se irá extendiendo en no pocas instituciones locales (muchos ayuntamientos han colocado  a la entrada de la población lucen un cartel que reza “municipio por la independencia).

Si esto sucede la justicia tendrá la onerosa papeleta de ir inhabilitando consejeros, parlamentarios, alcaldes, concejales de acuerdo con la legislación vigente… dejando Catalunya con un importante vacío de poder y contribuyendo a engrandecer el choque de trenes  y, además, irán creando mártires que radicalizarán aún más el conflicto.

A veces el remedio es peor que la enfermedad.