En 2015 el ministerio del Interior detectó un total de 10.835 casos de personas en riesgo de explotación laboral. La mayoría de los casos se registraron en el sector agrícola, según denuncia UGT. El sindicato, con motivo del ‘Día europeo contra la trata de seres humanos’ – que se celebra mañana martes – ha reclamado la puesta en marcha de un plan integral que ataje la “creciente” explotación de seres humanos en nuestro país.

La mayor parte de los casi 11.000 casos detectados de explotación laboral se localizan en el campo, en los sectores agrícola y ganadero, según los datos del ministerio del Interior esgrimidos por UGT.

El sindicato, con motivo de la celebración del Día europeo contra la trata, ha denunciado la “ausencia” en España de un plan específico que ataje la trata, “una realidad cada vez más frecuente”, afirma un portavoz.

UGT acusa a los gobiernos de “falta de iniciativa” a la hora de combatir la vulneración de derechos fundamentales en el trabajo.

El sindicato, que destaca los progresos del plan contra la explotación sexual, reclama un plan similar para abordar las formas “más graves” de vulneración de derechos fundamentales y laborales en el mercado de trabajo, que van “más allá” de incumplir las normas laborales y convenios colectivos, según afirman.

“Se trata de atajar situaciones donde están en juego la integridad física y la vida de las personas, que son tratadas como mercancía”, aseguran. “No hacer nada en este sentido es no querer reconocer que esta realidad ocurre en España”, denuncian.

Actuaciones con fines recaudatorios

El informe de Interior ‘Trata de seres humanos. Delitos de odio’ correspondiente a 2015 detectó un total de 10.835 personas en riesgo de explotación laboral, fundamentalmente en el sector agrícola.

“Es preciso recordar que víctimas de trata podemos ser todos, con independencia de la nacionalidad y situación administrativa”, recuerdan en el sindicato.

La central critica tanto la Ley como el ‘Plan de lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social’, cuya orientación, aseguran, está pensada fundamentalmente con fines recaudatorios. “No son el instrumento adecuado para afrontar una realidad cada vez más frecuente en España”, subrayan.