La Ministra de Empleo y Seguridad Social así como los Secretarios Generales de CCOO y UGT y los presidentes de CEOE y CEPYME se han reunido en la tarde del lunes en la sede del Ministerio para avanzar en el diálogo social.

En primer lugar, han analizado en el marco del diálogo social la situación planteada por las recientes sentencias en relación con la contratación de trabajadores interinos y su impacto en las relaciones laborales. De cara a garantizar la seguridad jurídica de las empresas y reforzar la estabilidad de los trabajadores, las organizaciones CEOE, CEPYME, CCOO y UGT y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social hemos acordado que expertos a propuesta de cada una de las partes estudien las citadas sentencias y el alcance de las mismas, y elaboren una propuesta, de manera que permita tomar decisiones en el ámbito del diálogo tripartito.

A su vez, la ministra ha informado a los interlocutores sociales de que para abordar la situación específica de dichas sentencias en el ámbito laboral sanitario, se procederá a convocar de manera urgente a la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud para que, junto a las CCAA, plantee soluciones que permitan reducir la actual tasa de temporalidad del Sistema Nacional de Salud.

En segundo lugar, Gobierno e Interlocutores Sociales hemos analizado la situación de los desempleados de larga duración y el impacto del Programa de Activación para el Empleo. A este respecto hemos acordado analizar las posibilidades de actualización y ampliación del Programa de Activación para el Empleo para ampliar su alcance en la atención y asistencia de desempleados de larga duración.

En tercer lugar, Interlocutores Sociales y Gobierno hemos analizado la evolución de la Garantía Juvenil Europea, en el marco del anuncio de la Comisión Europea de la ampliación de fondos para este programa. En este contexto, Gobierno e Interlocutores Sociales hemos acordado avanzar los trabajos para dar un nuevo impulso a su implementación.

En cuarto lugar, Interlocutores Sociales y Gobierno hemos constatado que se inicia el período de revisión quinquenal del Pacto de Toledo, y, hemos ratificado nuestro compromiso de seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos en el ámbito del sistema de pensiones para fortalecer el sistema y contribuir a su sostenibilidad.

Primeros avances

La ministra de Empleo y Seguridad Social en funciones, Fátima Báñez, ha afirmado, tras la reunión mantenida con los interlocutores sociales, que el Gobierno, la patronal y los sindicatos van a crear una comisión de expertos, que trabajará durante un mes, para que se estudien y evalúen las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) que instan a equiparar las indemnizaciones de los contratos interinos a las de los indefinidos.

Asimismo, esta comisión, que contará con un conjunto de seis expertos, dos representantes de cada una de las partes, hará una propuesta a las tres partes para que se puedan tomar decisiones en una mesa del diálogo tripartito.

El objetivo de esta solución consensuada entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos es la mayor protección de trabajadores y seguridad jurídica para las empresas y conocer cómo se puede trasladar la aplicación de la sentencia sobre los interinos a la legislación europea.

Por otro lado, Báñez ha resaltado que la semana que viene tendrá lugar una reunión con la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, para que, junto con las comunidades autónomas, se trate el alcance y la forma de dar mayor estabilidad al empleo en el ámbito del sistema nacional de salud y se reduzca la actual tasa de temporalidad en el Sistema Nacional de Salud.

Desde la patronal, CEOE y Cepyme, consideran que hay que esperar a ver qué opinan los expertos de la comisión para ver cuáles son las salidas. Sobre el posible impacto que podría tener la sentencia, ambas organizaciones han apuntado que en este momento tienen una primera aproximación de cuánto ascendería pero que necesitan que el grupo de expertos les «ponga sobre la mesa» cuál podría ser el impacto concreto.

Por su parte, tanto CC.OO. como UGT dicen que desde el momento en el que haya Gobierno se tiene que tomar una iniciativa que integre un amplio diálogo social y en el que haya un acuerdo con los agentes económicos y sociales.

Por otro lado, puntualizaron que las repercusiones que hay en relación a las indemnizaciones a interinos y temporales a día de hoy «no las podrá cambiar ninguna nueva legislación», porque los derechos a los que pueda haber lugar como consecuencia de la legislación española se van a tener que pagar independientemente del informe de los expertos.

Además, creen que lo que dicta la sentencia es claro y afirman que, antes de que haya una «cascada» de demandas individuales de trabajadores que consideran que sus derechos han sido vulnerados, sería conveniente hacer un acuerdo para darle seguridad jurídica a las empresas y que se traslade a la ley para que se establezca que los interinos tienen derecho a una indemnización al igual que un trabajador fijo.

También apuestan por tomar alguna acción desde el Parlamento para modificar el estatuto de los trabajadores, aunque consideran que habrá que esperar a que haya Gobierno y a que se conozca una resolución de esta comisión.

Durante la reunión también se han tratado temas cómo la situación de los trabajadores de larga duración, los fondos garantía juvenil o la revisión del Pacto de Toledo. Concretamente, la ministra ha afirmado que desde el Gobierno se va a seguir trabajando para mejorar la situación de los parados de larga duración, ya que hay propuestas que quieren actualizar para que el Gobierno que llegue pueda hacer una ampliación y actualización del plan especial de activación para parados de larga duración.

Los interlocutores sociales y el Gobierno también han analizado la evolución de la Garantía Juvenil Europea. En este contexto, Bañez ha afirmado que la Comisión Europea va a ampliar los fondos de garantía juvenil. De los probables 1.000 millones de euros para todos los países de la Unión Europea a España se le concederán unos 300 millones, cifra que pasaría a 600 millones con lo que aporte el Gobierno español.

Por último, han constatado el inicio del periodo de la revisión quinquenal del Pacto de Toledo y han ratificado su compromiso de seguir trabajando en la búsqueda de acuerdos en el ámbito del sistema de pensiones para fortalecer el sistema y contribuir a su sostenibilidad.