La Asociación Profesional de Administradores Concursales (Aspac) exige un cambio radical en el sistema de quiebra de empresas que permita un trabajo «más digno». En la presentación del estudio “Presente y futuro de la insolvencia empresarial en España: los concursos de acreedores y la administración concursal”, un acto organizado por la Asociación  de Periodistas de  Información  Económica (Apie), y la Aspac, su vicepresident, Diego Comendador, critica la lentitud con que se tramita un concurso de acreedores en España.

Comendador subraya que España ocupa el penúltimo puesto en la lista de países con menor número de concursos por el tiempo que se tarda en gestionar este tipo de situaciones. «Un concurso no debe durar más de seis meses», precisa.

También sostiene que la legislación protege demasiado a las Administraciones Públicas en detrimento de las empresas, y pide mejorar la Ley Concursal. Atribuye a la falta de gobierno la ausencia del desarrollo reglamentario de la ley aprobada en 2015, en la que se contempla la intermediación del juez en caso de disputa o una mayor flexibilidad en lo relativo a las quitas sin límite en los convenios de acreedores, así como facilitar y agilizar la comunicación entre los implicados en un proceso concursal, entre otras medidas.

«Lo que no puede haber es pequeñas empresas suministradoras que estén presentando un concurso porque tienen facturas sin pagar desde hace 12 meses«, aporta Luis Martín, presidente de Aspac.

El estudio elaborado por esta asociación refleja que, en 2015, el 71% de los concursos tuvieron un activo inferior a dos millones de euros, cuya cifra media se situó en los 500.000 euros.

Aspac también critica que el sistema financiero español ha sido el principal operador en los procedimientos concursales, decidiendo así qué compañías iban a ser rescatadas y en qué momento. «Esta situación responde a la decisión tomada por el Gobierno español en orden a prevenir la caída de cualquier institución financiera«, resaltan.