La Audiencia de Barcelona ha avalado la decisión del juez instructor de enviar a juicio al expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y al exdirector general, Adolf Todó, por un delito de administración desleal, por los sobresueldos que cobraron mientras la entidad era sostenida con fondos públicos. Finalmente, la antigua caja, transformada en CatalunyaCaixa Banc, fue adjudicada al BBVA.

La sección 21ª de la Audiencia Provincial desestima los recursos que presentaron 11 de las defensas contra el auto en el que el juez instructor concluyó que de la investigación del caso se desprendían suficientes indicios para enviar a juicio a Serra y Todó.

Al mismo tiempo, acuerda mantener imputados a unos 40 miembros del consejo de administración de la entidad que aprobaron las remuneraciones extras, también por un delito de administración desleal.

La confirmación del auto abre el plazo para que la Fiscalía y las acusaciones, entre ellas la CUP, puedan presentar sus escritos de calificación, paso previo a que el juez siente en el banquillo a los acusados.

Denuncia de Anticorrupción

La causa contra Serra y Todó parte de una denuncia que presentó la Fiscalía Anticorrupción por la aprobación, en enero y octubre de 2010, de sendas resoluciones para aumentar el salario de sus directivos, pese a estar en una situación crítica que le obligó a pedir 1.250 millones de euros al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).

La denuncia se dirigía inicialmente contra 54 miembros del consejo de administración de Catalunya Caixa, pero el juez la archivó contra una docena de ellos tras comprobar que no apoyaron las retribuciones de la cúpula directiva en las votaciones internas.

En el auto, los jueces de la  Audiencia de Barcelona argumentan que el consejo de administración de CatalunyaCaixa aprobó esos incrementos retributivos «con aparente abuso de su cargo y en perjuicio de la entidad», ya que no eran acordes a la situación real de la entidad ni «al entorno de la grave situación de crisis económica por la que atravesaba».

La situación financiera de la entidad era «especialmente delicada», con reducción de los beneficios desde 2007, y un expediente de regulación de empleo (ERE) que afectó a más de 1.600 trabajadores, y necesidad de fondos públicos para su saneamiento.

En ese «contexto económico», las retribuciones de los máximos directivos de la entidad, entre ellos el ex director general Adolf Todó y el exdirector general adjunto Jaume Masana, «aumentaron considerablemente en perjuicio de los intereses de la entidad y en contra de las recomendaciones de la Comisión Europea y el Frob».

En 2010, cuando Narcís Serra presidía la entidad, se establecieron cláusulas por rescisión anticipada, de prejubilación, retribuciones variables y pagos de pensiones mediante políticas que «suponían importantes retribuciones económicas».

Esos «hechos, datos y circunstancias justifican la prosecución de la causa penal abierta al permitir concluir que la conducta concreta de los encausados reúne a primera vista los elementos objetivos de tipicidad que exige el ilícito penal del delito contra la administración pública», concluye el tribunal.