La Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han reclamado más control sobre las actividades de las empresas multiservicios. Estas empresas prestan servicios a otras compañías. Y lo hacen, según los sindicatos, devaluando salarios y condiciones laborales de los trabajadores.

Las organizaciones sindicales redoblarán sus acciones para luchar contra las diferencias que sufren los trabajadores de las empresas multiservicios. Piden además una reforma legislativa que garantice los derechos de los trabajadores en los procesos de externalización. Y que estos puedan gozar de las mismas condiciones que recogen los convenios sectoriales de referencia.

Demandan además a la Inspección de Trabajo que actúe de oficio para perseguir las prácticas “fraudulentas” o “irregulares” de stas compañías.

Y señalan por último que la “responsabilidad” última recae sobre las empresas que contratan a las firmas multiservicios.

Reforma laboral

La reforma laboral de 2012 marcó un hito en la actividad de estas empresas multiservicios. Este cambio legal invirtió la prioridad a la hora de aplicar un convenio. Al revés que antes, los convenios de empresa ganaron prevalencia, y ahora se aplican con preferencia sobre los de sector.

¿Qué ocurrió? Las empresas, sabedoras de esta ventaja, se lanzaron a redactar convenios propios. Con ello lograron rebajar salarios y otras condiciones laborales.

“La reforma laboral de 2012 y la prevalencia aplicativa del convenio de empresa sobre el sectorial, han provocado la devaluación de salarios y de las condiciones de trabajo de miles de trabajadores, a través de la externalización y las empresas multiservicios”, afirman desde los sindicatos.

Convenios anulados

Desde la aprobación de la reforma laboral, el principal aliado de los sindicatos en la lucha contra los convenios de empresa ha sido los jueces. Y ello incluye a numerosas empresas multiservicios. Los tribunales han anulado “decenas” de convenios de empresa. La razón principal ha sido la falta de legitimidad de los firmantes.

“Se ha anulado casi el 100% de las decenas de convenios de empresa que los sindicatos han impugnado ante la Audiencia Nacional”, afirma un portavoz.

Sin embargo, UGT y CCOO critican el “silencio” del Gobierno a las peticiones sindicales de reformar la legislación. Y ello a pesar de que los partidos políticos recogieron en sus programas medidas en este sentido en las últimas elecciones, según recuerdan.

En este sentido los sindicatos piden la reforma “urgente” de los artículos 43 al 45 del Estatuto de los Trabajadores, así como la derogación de la reforma laboral; y una regulación legal o administrativa de las empresas multiservicios para su control y seguimiento.

Piden un pronunciamiento de CEOE

En el tercer frente, el de la negociación colectiva, los sindicatos ven en la reforma laboral el principal “obstáculo” para lograr resultados. “En el ámbito de la negociación colectiva aunque también se han producido avances, el principal obstáculo sigue siendo la reforma laboral de 2012 y la prevalencia del convenio de empresa frente al sectorial”, opinan.

De este lado, UGT y CCOO instan a las organizaciones empresarailes CEOE y Cepyme a que se “posicionen” respecto a las empresas multiservicios y más en concreto, sobre la aparición de nuevas asociaciones que parecen “invadir” espacios de negociación colectiva y patronales ya existentes.

Aun así, los empresarios han accedido a incluir cláusulas en algunos convenios que moderen los efectos de la prioridad aplicativa del convenio de empresa. Así, existen cláusulas de garantía para el personal externalizado en los convenios de hostelería de Baleares, Málaga, Navarra, Las Palmas, Tenerife y Teruel; en el primer convenio estatal del metal de 2016; en el convenio de limpieza de edificios y locales de Guipúzcoa; en el primer convenio de colectividades de 2016; y en el cde empresa de SEAT 2016.

“Presión” a las empresas clientes

En este sentido, CCOO y UGT se comprometen a impulsar en los convenios sectoriales y de empresa cláusulas de garantía para regular “una externalización responsable”, tanto con las plantillas de las empresas principales como con el personal subcontratado.

Por último los sindicatos anuncian que trasladarán “la presión” y la responsabilidad del modelo de externazlización a las empresa principales o clientes, entre las cuales también figuran las Administraciones Públicas.

Así, UGT y CCOO consideran que los términos en los que se contratan y subcontratan las actividades, tanto principales como auxiliares, en el propio contrato mercantil, son los que fijan las condiciones laborales y salariales de las personas externalizadas, es decir, la plantilla de las empresas multiservicios.